Los hermanos Alfredo y Silvia Aydar fueron acusados ante la Justicia de desapoderar de sus bienes a una joven de 21 años a la que representaban legalmente. La causa avanza en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos con perspectiva de género, mientras se ordenaron allanamientos en busca de pruebas
La Justicia tucumana investiga una denuncia por presunta estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada contra los abogados Alfredo Aydar y Silvia Aydar. Los letrados están acusados de haber despojado de una millonaria indemnización a una joven de 21 años, a quien patrocinaban tras haber sido víctima de abuso sexual. El caso, que tramita bajo estricta reserva de identidad para proteger a la damnificada, generó un fuerte impacto debido a la asimetría de poder entre las partes y a la relevancia pública de uno de los profesionales implicados.
La investigación se formalizó bajo el Legajo N°S-043913/2026 y quedó a cargo del Fiscal Carlos Saltor, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N°4. Uno de los denunciados, Alfredo Aydar, es un abogado con alta exposición mediática a nivel nacional por ser el principal querellante en la megacausa por estafas piramidales de “Adhemar Capital”. Sin embargo, en esta ocasión, se encuentra en el centro de las sospechas por el presunto manejo irregular de los fondos de su propia defendida.
El origen de los fondos y la maniobra
De acuerdo con la presentación judicial y lo recabado por la investigación preliminar, la víctima había logrado una reparación integral del daño en una causa penal por abuso sexual. Esa indemnización consistía en la entrega de una camioneta Ford Ranger 4×4 modelo 2023, con un valor estimado de 50 millones de pesos.
Meses después, el vehículo fue vendido por 33,5 millones de pesos a un allegado de Alfredo Aydar. Según la ratificación de la denuncia, fue a partir de ese momento cuando se habría iniciado la maniobra para retener el dinero. La joven denunció que el abogado le infundió temor asegurándole que el sistema financiero era inseguro, que “podía volver el corralito” y que, al vivir en una zona vulnerable como Villa Amalia, corría riesgo de ser blanco de robos violentos por parte del entorno de su abusador si guardaba el efectivo. Bajo este supuesto mecanismo de manipulación, los hermanos Aydar habrían tomado el control absoluto del patrimonio de la joven.
Colocaciones dudosas y cobros millonarios
La causa sumó como evidencia audios y chats de WhatsApp. En ellos, el abogado presuntamente reconoce haber colocado el dinero de la víctima en supuestos préstamos a terceros en la provincia de Santiago del Estero, prometiendo un interés mensual del 2,5%. No obstante, una auditoría preliminar encendió las alarmas de los investigadores: las operaciones carecen de nombres de tomadores, contratos formales, fijación de domicilios o garantías. Todo esto se habría realizado sin la autorización escrita de la damnificada.
Ante esta situación, fuentes judiciales no descartan que la Justicia Federal intervenga de forma paralela e independiente para investigar el presunto delito de intermediación financiera no autorizada, una infracción regulada por el Banco Central que no desplaza los cargos provinciales por estafa.
Además de estas colocaciones irregulares, los profesionales habrían retenido otras millonarias sumas bajo el concepto de honorarios por la supuesta presentación de más de 100 escritos judiciales, pretendiendo cobrar 650.000 pesos por cada uno. La denunciante desmintió la existencia de cualquier convenio de honorarios previa o rendición de cuentas que avalara dichos montos.
Vulnerabilidad y perspectiva de género
Atendiendo a la marcada desigualdad entre los acusados y la víctima, las autoridades judiciales ordenaron que el expediente se tramite bajo una estricta perspectiva de género. La acusación recalca que los letrados se aprovecharon de la extrema vulnerabilidad emocional, económica y social de la joven, quien no posee conocimientos jurídicos, se encuentra desempleada y recientemente dio a luz, por lo que el dinero de la indemnización constituía el único sustento para ella y su bebé de dos meses.
Como parte de las medidas de coerción urgentes solicitadas por la Fiscalía, la Jueza Cintia Rocha autorizó allanamientos en un estudio jurídico y en una propiedad particular. En los operativos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación tanto digital como en papel, material que está siendo peritado para reconstruir de manera definitiva la ruta del dinero. Con información de El Ancasti
SIN CODIGO intentó comunicarse con el abogado acusado pero no obtuvo respuestas.
