Ariel García Furfaro es la cabeza visible de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que están en la mira por la muerte de más de 70 pacientes por la fabricación y venta del medicamento adulterado con dos bacterias. Es el mismo empresario que viajó a Rusia en la comitiva oficial para distribuir la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V
“Que quede claro, entonces, que el tratamiento del tema del fentanilo no le importa al kirchnerismo”, denunció la diputada Silvana Giudici, tras el retiro del quórum en la Cámara de Diputados para formar una comisión parlamentaria que investigue a fondo las implicancias sanitarias y políticas de las más de 70 muertes ligadas al fentanilo de uso clínico contaminado, un expediente que investiga el Juez Federal de La Plata Ernesto Kreplak.
El rechazo a la propuesta de la legisladora del PRO, adelantada de manera exclusiva por este medio, dejó expuesta la protección del kirchnerismo y de al menos parte del peronismo hacia Ariel García Furfaro, la cabeza visible de los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA, firmas que fueron inhibidas para producir medicamentos e insumos médicos por decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo que depende del Ministerio de Salud de la Nación, el 11 de mayo de 2025. Hasta ese momento, realizaban millonarios negocios a través de licitaciones públicas en los municipios del conurbano bonaerense y otras provincias del país, de varios colores políticos, pero sobre todo ligados a los denominados “barones del conurbano” y obras sociales sindicales.
El hecho, con escasa repercusión pública ese día, se produjo en la última sesión del 7 de agosto. Pasó inadvertido, porque esa misma jornada, la oposición le asestó un nuevo revés político al Presidente Javier Milei al aprobar, con el apoyo de más de los dos tercios de los presentes, el proyecto de ley que declara la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica y que le ordena al Poder Ejecutivo aumentar los salarios del personal y de los médicos residentes del Hospital Garrahan, en conflicto desde hace varios meses por falta de financiamiento. Poco antes, y también por una contundente mayoría, la Cámara Baja le había dado luz verde al aumento del financiamiento universitario.
El escándalo por el fentanilo contaminado ya suma al menos 76 muertes, según le confirmo a este medio el viernes Ernesto Kreplak, el juez federal de La Plata que investiga esos casos vinculados con el medicamento adulterado. La negativa del bloque kirchnerista a habilitar la comisión investigadora impulsada por Giudici, y respaldada por otros diputados de PRO, buscaba crear una cuerpo para esclarecer la cadena de responsabilidades detrás de la comercialización y uso del fentanilo adulterado, distribuido por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo.
El proyecto, presentado formalmente en la Cámara Baja, proponía indagar no sólo en las causas inmediatas de la tragedia, sino también en los vínculos políticos y empresariales que permitieron la circulación masiva de un medicamento letal en hospitales públicos y privados de varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe y CABA.
Cerca de la medianoche, y con los ánimos alterados en el ámbito parlamentario, Giudici propuso en un pedido de informes la creación de una comisión investigadora por “el escándalo del fentanilo” (así lo denominó). Los diputados kirchneristas no la dejaban hablar y el titular del cuerpo, Martín Menem, le informaba que sus esfuerzos eran inútiles. El quórum se había perdido.
Con información de Andrés Klipphan
