La Municipalidad de San Miguel de Tucumán está evaluando reactivar el estacionamiento pago en las calles de la ciudad. ¿Qué se hace con los “cuidacoches” que viven el día a día con la “ayuda” de los conductores?
La Capital tucumana, como tantas otras ciudades argentinas, enfrenta desde hace años un conflicto que parece menor, casi anecdótico, pero que en el fondo revela una trama compleja de intereses cruzados, exclusión social, informalidad laboral y ausencia de políticas urbanas con mirada humana: el estacionamiento en la vía pública.
A simple vista, se trata de una disputa por un espacio. El municipio, en su afán de “ordenar” la ciudad y recaudar -por qué no-, tiene planes de licitar el sistema de estacionamiento medido. En el otro rincón, cientos de trabajadores informales -los conocidos “cuidacoches” o “trapitos”– pelean por conservar su sustento diario, conseguido no por decreto ni contrato, sino por necesidad y supervivencia.
El reciente fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que anuló el contrato del estacionamiento medido -realizado por la gestión del intendente Germán Alfaro– dio un giro inesperado. Y los primeros en celebrarlo fueron los integrantes de la Mesa de Cooperativas Cuidacoches (MCC) -trapitos-, quienes vieron en esta resolución judicial una forma de dignificación. “Con el hambre de nuestras familias no se jode”, afirmaron sin medias tintas.
Más de 300 familias habían quedado a la deriva cuando el sistema privado comenzó a regir. Ellos, que habían tejido un modo de subsistencia en la informalidad, fueron “barridos” por un proyecto que no los reconocía. Respondieron con lo único que tienen: su cuerpo, su tiempo, su organización. Se encadenaron en la plaza, presentaron amparos, redactaron propuestas. Lucharon. Y ganaron una batalla.
Pero lo que está en juego no es sólo la forma de pagar el estacionamiento. El debate es mucho más profundo. Los cuidacoches no son “el problema”. Son, en todo caso, una consecuencia. De la falta de empleo genuino, de la indiferencia estatal, de una economía que expulsa. Su presencia incómoda -ese “señor que se te acerca con un chaleco y te pide una moneda por cuidarte el auto”- es apenas la punta del iceberg de un sistema complicado.
Ante esto, la MCC plantea un modelo novedoso: un sistema de estacionamiento medido y solidario, cogestionado por el municipio y las cooperativas, con tecnología, transparencia y una mirada social. No es una utopía. Es una forma de decir: “Podemos hacer las cosas de otro modo. Podemos incluir sin perder eficiencia. Podemos planificar sin pisar cabezas”.
El desafío ahora lo tiene el Concejo Deliberante capitalino, que deberá decidir si continúa el camino de un nuevo estacionamiento pago o construye un esquema participativo y humano.
Estacionar en la ciudad no puede seguir siendo una carrera de obstáculos entre la amenaza de la grúa, la presión del trapito y el tarifazo digital. Tiene que ser, simplemente, parte de una convivencia ciudadana más justa.
