El proyecto dispone del manejo del servicio por un año
Los problemas se solucionan. Basta de “guerra” de acusaciones. Los ciudadanos de Tucumán imploran por una mejora del servicio que prestan los colectivos que son un “desastre”.
El Ejecutivo municipal dio un paso en el intento de encontrar una salida a la crisis actual. Al menos es una opción.
La intendente, Rossana Chahla, presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de declaración de emergencia para el servicio urbano de colectivos en San Miguel de Tucumán. La medida habilitaría al Ejecutivo municipal a disponer del manejo de 14 líneas por el plazo de un año, con posibilidad de prórroga. Aún no fue revisado por el cuerpo parlamentario en comisión.
A través de la solicitud, la Intendencia pide autorización para modificar los recorridos de las líneas de transporte público urbano e interurbano que actualmente prestan servicio. Se trata de las firmas que transitan dentro de la órbita del municipio y que, en algunos casos, traspasan los límites de la Capital (como la 7, que llega hasta Las Talitas).
Además, solicita que se le conceda la atribución de “dictar los actos administrativos que sean necesarios para garantizar la continuidad y regularidad de la prestación del servicio de transporte, a fin de optimizar el servicio y cobertura de los mismos, en función de la necesidad de los usuarios y en relación al Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU)”.
Entre los fundamentos, se habla de una crisis de índole estructural y coyuntural: se menciona el impacto de la crisis económica, la inflación en los costos operativos de las empresas de transporte y la caída de demanda de pasajeros debido a la disminución del poder adquisitivo de la población, entre otros puntos.
“Ante este escenario, se hace necesario que el Concejo declare la emergencia con el objetivo de implementar medidas urgentes y extraordinarias para revertir la situación y garantizar a la población el acceso a un servicio de transporte adecuado, seguro y sustentable”, asevera el proyecto.
El propósito sería, entonces, fijar políticas que coadyuven a mejorar u optimizar la calidad del sistema de transporte brindando al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) las herramientas necesarias para dar soluciones inmediatas. Para Benjamín Nieva, secretario de Transporte y Movilidad Urbana, “todo está previsto” pero que la solicitud de emergencia responde, sobre todo, a una cuestión legal.
“Es una cuestión general, pero -puntualmente- nos permitiría hacer readecuaciones según lo establecido en el PIMU sin invadir ningún tipo de jurisdicción y respetando las funciones del Concejo Deliberante”, explicó. Mencionó frecuencias, modificaciones en la reglamentación de algunos contratos, la situación de las empresas, entre otros aspectos.
La solicitud ingresó al Concejo y fue derivada a la comisión de Transporte la semana pasada. Todavía no se estableció fecha para que comience a ser tratado por la Comisión a cargo de José María Franco (peronismo), por lo que no hay definiciones sobre el tema.
