La imputación es el último golpe para el presidente, acosado por escándalos de corrupción que involucran a su familia cercana y colaboradores
Un Juez español imputó a Begoña Gómez, esposa del Presidente Pedro Sánchez, por malversación de fondos públicos, en una nueva escalada del conflicto del mandatario con el Poder Judicial.
El Tribunal Superior de Madrid informó, este martes, que Gómez fue citada a declarar el próximo 11 de septiembre. Se la acusa de haber utilizado fondos estatales para pagar a su asistente, Cristina Álvarez, por ayuda en asuntos personales. El Juez Juan Carlos Peinado ya la había imputado por tráfico de influencias y corrupción.
Este es el último golpe para el líder socialista, cuya familia cercana y colaboradores han enfrentado acusaciones de corrupción que llevan más de un año afectando a su Gobierno.
Los aliados del Sánchez salieron en su defensa el martes. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, declaró a la emisora RNE que estaba “indignado” por los cargos contra Gómez y cuestionó los motivos de la investigación.
Sánchez, cuyo hermano David también está siendo investigado por presuntas irregularidades, afirmó el año pasado que su familia había sido víctima de una “operación de acoso y hostigamiento” impulsada por la derecha. En ambos casos, los jueces retomaron denuncias de un grupo con vínculos de extrema derecha, basadas en recortes de la prensa conservadora. Tanto la esposa como el hermano del Presidente niegan cualquier delito.
Tres de los hombres de mayor confianza de Sánchez -su ex mano derecha Santos Cerdán, el exministro de Transporte José Luis Ábalos y su colaborador Koldo García– también han estado involucrados en investigaciones judiciales por supuestos sobornos de empresas a cambio de contratos de construcción.
Cerdán, en prisión preventiva desde junio, está siendo investigado por varios delitos, incluidos cohecho, tráfico de influencias y “pertenencia a organización criminal”, según documentos judiciales.
Por su parte, el Fiscal General de España, Álvaro García Ortiz, nombrado por Sánchez en 2022, será juzgado por presuntamente filtrar información sobre la pareja de una rival política del presidente.
Todos niegan las acusaciones.
Sánchez gobierna desde 2018, pero su Administración en minoría no logra aprobar leyes y, a ojos de muchos españoles, su autoridad se ha visto debilitada por los continuos escándalos de corrupción.
Sergio Sayas, diputado del opositor Partido Popular, reaccionó a los nuevos cargos contra Gómez en X: “España no merece un presidente cuyo único allegado no imputado sea su mascota… Sánchez, vete ya”.
El caso contra Gómez comenzó en abril del año pasado, después de que Peinado recibiera una denuncia de Manos Limpias, un grupo con vínculos de extrema derecha y con historial de causas judiciales con tintes políticos.
La denuncia alegaba que, mientras Gómez trabajaba como directora en la Universidad IE de Madrid, recibió favores de empresas privadas que ganaron licitaciones del Gobierno y obtuvieron subsidios.
A comienzos de este verano, Peinado pidió al Tribunal Supremo abrir una investigación contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por su supuesta implicación en la contratación de la asistente de Gómez. En ese momento, Bolaños era secretario general de la Presidencia del Gobierno. Sin embargo, el Supremo desestimó la solicitud, señalando una “total ausencia” de pruebas que apuntaran a su participación.
