Los compradores, que lo habrían hecho de buena fe, podrían haber sido estafados -en su buena fe- por el mismo Estado
“Nos presentaron papeles firmados con planos de mensura”, explicó Alberto, uno de los más de 20 propietarios de los terrenos. “Fuimos a una escribanía en San Miguel de Tucumán, donde se realizaron los trámites y pagamos lo que correspondía. Luego registramos la propiedad en la comuna, y pagamos impuestos, agua y luz, tal como se nos solicitó”, agregó.
“No somos usurpadores, somos compradores de buena fe”. Es la frase que repiten los supuestos propietarios de los terrenos del “Loteo Gaucho Castro”, emprendimiento inmobiliario que está en la Reserva de La Angostura. En medio de tanta incertidumbre hay dos certezas: al menos cuatro reparticiones y la Comuna de El Mollar habrían realizado al menos trámites irregulares que facilitaron la venta de esos lotes a un valor de entre U$S15.000 y U$S20.000 desde hace unos cinco años. La otra, es que este caso se judicializará y varios funcionarios tendrían que dar explicaciones.
“Somos varias familias las que compramos de buena fe estas tierras. Hasta el delegado comunal (Jorge Cruz) adquirió y luego vendió dos lotes ahí. Tenemos todos los documentos para demostrar que esos terrenos no pertenecen a ninguna reserva, sino que era de un señor que decidió venderla”, dijo un damnificado. “Nos tratan como delincuentes por haber comprado tierras que no solo cuentan con toda la documentación, sino que además fue respaldada por varios funcionarios y organismo del Estado, incluido Cruz”, añadió.
“Me encargué de controlar detenidamente todos los papeles que están en regla. También hice las averiguaciones correspondientes en la comuna y en la escribanía. En todos lados me dijeron que era legal”, informó Cecilia Vallejos, otra de las compradoras. “Nunca nadie nos dijo nada y jamás el Estado puso un cartel que diga que esas eran tierras fiscales. Tampoco considero que fuimos estafados, porque los titulares que los vendieron demostraron que son los propietarios”, comentó una docente que también adquirió un terreno.
Cuál sería la realidad de esos terrenos que están en disputa
La Reserva Provincial La Angostura se creó a través de un Decreto firmado en mayo de 1996. La norma habilitaba a la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelo a que tomara 1.148 hectáreas de los terrenos fiscales del lago y perilago. Años después, Juan Pablo Castro pidió permiso a esa repartición que lo autorizara a utilizar parte de esas tierras para pastoreo. Nadie pudo confirmar la fecha exacta del otorgamiento del permiso; si tenía algún tiempo de caducidad y si alguien controló que cumpliera con lo acordado.
Entre 2019 y 2020, Castro presentó en la Dirección General de Catastro un proyecto de venta de terrenos al que bautizaron “Loteo Gaucho Castro”. Se trataba del primer barrio cerrado de El Mollar. Desde esa fecha hasta mediados del año pasado habrían vendido entre 50 y 60 lotes. Una veintena de compradores construyeron viviendas y entre dos y tres de ellos viven de manera permanente allí.
En octubre de 2023, en una inspección de rutina, empleados de distintas reparticiones descubrieron que las tierras de la reserva estaban ocupadas. El Gobierno tomó dos caminos. Por un lado, la Policía sacó con topadoras los alambrados que se habían colocado en parte de esas tierras. La Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, inició en la Justicia una demanda. La Jueza María Felicitas Masaguer, al entender que esas eran tierras fiscales, dictó una medida cautelar en el que prohibió cualquier tipo de acción que afectara al medio ambiente. Entre otras, la construcción de viviendas en el loteo cuestionado y en otros sectores. Pero todavía no está resuelta la cuestión de fondo: definir la situación de los compradores.
Semanas después de que estallara el escándalo, en Casa de Gobierno hubo una reunión entre los compradores y los funcionarios de la Fiscalía de Estado. En ese encuentro presentaron una serie de documentos. “Con esos papeles demostramos que hubo varios organismos estatales que avalaron la venta de esos terrenos. Por eso decimos que no fuimos estafados por nadie, sino que somos legítimos compradores”, explicó uno de los perjudicados.
Los documentos presentados son pruebas de las irregularidades que existirían en este caso. Los vecinos del “Loteo Gaucho Castro” mostraron el plano que les entregó el vendedor. Se trata de una carpeta presentada en la Dirección General de Catastro (DGC) que supuestamente había sido aprobada en diciembre de 2020. “Fue un anteproyecto que no tenía la autorización que se necesita de Flora y Fauna para aprobarlo. Tampoco acompañaron los informes de factibilidad, que son claves. Por eso se lo desestimó. Nunca fue aprobado”, aseguró Alejando Navarro, titular del organismo. Al hacerse público el caso, directamente el expediente fue archivado, por lo que salvo que haya otra orden, no hay ninguna chance de que se pueda regularizar.
Los compradores tienen otro papel que consideran como fundamental. En una nota que no tiene fecha y que fue firmada por dos abogados de Catastro, en la que se recomienda que el expediente, si es que las autoridades aprobaban la idea, debería ser girado a la Unidad Técnica de Regularización Dominial que depende de la Secretaría de Gobernación. Entre otras cuestiones, argumentaron que las tierras estaban escrituradas y cumplían con los requisitos legales.
En febrero de 2023, con la rúbrica de un abogado de la Unidad de Regulación Dominial, se emitió una constancia a nombre de Castro para informar que la escrituración del terreno estaba en trámite para que se presentara en EDET. En otras palabras, para Catastro, el supuesto dueño de las parcelas tenía la titularidad del predio, pero para otra repartición, la estaba gestionando.
A pesar de todo, la Dirección General de Rentas (DGR) emitió, en enero de 2023, una boleta de pago anual del Impuesto Inmobiliario a nombre del vendedor si todavía no estaba resuelto quién era el dueño de las tierras.
¿Y la Comuna de El Mollar?, es el último eslabón de esta cadena de dudas. Todos los compradores dijeron que los funcionarios les confirmaron que el loteo cumplía con todos los requisitos exigidos por ley. Incluso, en agosto de 2023, el delegado comunal Cruz firmó una nota otorgándole la factibilidad a Castro para que pudiera brindar el servicio de agua. “Él siempre nos dijo que estaba todo bien, que era un proyecto autorizado. Por eso él también se vio perjudicado porque vendió dos terrenos que estaban a su nombre”, comentó Cativa.
Qué dijo la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone
“Las instrucciones que recibimos del gobernador (Osvaldo) Jaldo son ir hasta las últimas consecuencias en este y en todos los casos en la que estén en peligro las tierras que pertenecen al Superior Gobierno de la Provincia y, por ende, de todos los tucumanos”, sostuvo Pedicone. “Hasta el momento se cumplió con el primer objetivo, pero iremos por más. Conseguir una medida cautelar para que se siga avanzando contra la Reserva Natural de La Angostura para preservar el medio ambiente”, indicó. “Una vez que finalice la feria judicial seguiremos avanzando”, dijo la funcionaria que evitó dar más precisiones para no revelar detalles de una casi segura investigación.
El Gobierno provincial avanzaría en una demanda civil para recuperar las tierras ocupadas y otra penal para que se investigue cómo se llegó a vender los terrenos del “Loteo Gaucho Castro”. El principal denunciado sería Juan Pablo Castro, que aparece como el titular del proyecto inmobiliario, pero de la pesquisa que hagan en el Centro Judicial de Monteros, podrían surgir nombres de funcionarios y empleados estatales que habrían tenido algún tipo de participación en el caso.
