Se habrían desviado 3.400 millones de dólares. Hay una denuncia penal
El Gobierno anunció que pondrá en marcha una auditoría total para determinar, dentro de un universo de 1.223.864 personas beneficiarios de pensiones por invalidez, quiénes accedieron de manera irregular a dicho beneficio. Se sospecha que cerca de medio millón de pensiones serían “truchas”, porque para acceder al cobro se cometieron ilícitos en el trámite necesario para conceder la pensión. Se busca identificar a personas que estén cobrando la pensión sin cumplir los requisitos legales para merecerla. Y dar de baja el beneficio. Además de abrir una causa penal. Si se comprueba esta hipótesis, se podría alcanzar un ahorro en el gasto en pensiones de unos 100.000 millones de pesos por mes.
El disparador de esta auditoría fue una denuncia presentada, semanas atrás, por el Fiscal Federal Guillermo Marijuán. La presentación pide que se investigue “el posible desarrollo de conductas delictivas en las que podrían encontrarse involucrados el ex Presidente de la Nación, Alberto Fernández; así como los por entonces Directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Flavio Augusto Esposito y Fernando Gastón Galarraga, y la otrora Directora Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas, Paula Martínez”.
Según Marijuán, el ex Presidente y los funcionarios señalados “habrían defraudado al Estado Nacional, mediante la conformación y materialización de un plan sistemático desplegado en el periodo comprendido entre los años 2020 y 2023, consistente en el dictado de normas tendientes a flexibilizar el proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez para permitir la entrega masiva e irregular de tales beneficios destinándolos especialmente “a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes”.
La normativa dice que la pensión por invalidez debe otorgarse a aquella persona que, en edad de trabajar, sufre y puede demostrar una incapacidad laboral del 76%. Y que demuestre que está en situación económica vulnerable.
La ANDIS sospecha que al menos el 40% de los beneficiarios, es decir cerca de medio millón de personas no deberían estar cobrando la pensión. Para determinar la cifra exacta de beneficios a dar de baja, en los próximos días se lanzará un operativo nacional de auditoría, pero que pondrá el foco en los municipios del conurbano bonaerense y las provincias del Norte.
Operativo nacional
El operativo consistirá en citar por carta documento a los beneficiarios para que se presenten en una oficina de la ANSES o un hospital público. En dicho lugar habrá un médico que determinará el grado de discapacidad de la persona. También se revisará el perfil socio económico del beneficiario. Expresamente, se cruzará información de propiedad, ingresos y consumos, dado que para acceder a la pensión por invalidez, los ingresos y patrimonio del beneficiario o su grupo familiar no deben superar ciertos límites. Es decir, se aceptan a personas en situación de vulnerabilidad socio-económica.
Con toda esa información, el ANDIS resolverá si mantiene o da de baja el beneficio. Esta resolución puede insumir entre 30 y 45 días. Si la ANDIS considera que el beneficio debe darse de baja, el beneficiario tendrá una instancia de apelación. Un tema importante. Si la persona que es citada no se presenta en la fecha y lugar indicado, perderá automáticamente el beneficio.
Hoy en el Gobierno dicen que la ANDIS, que conduce el abogado Diego Spagnuolo, será lo más objetiva posible y no le quitará el beneficio a quien realmente cumpla con los requisitos. De hecho fuentes oficiales señalan que quedarán al margen del operativo los 100.000 niños menores de edad y los 60.000 adultos mayores que hoy la están cobrando.
Los funcionarios creen que se montó una suerte de “fábrica de pensiones por invalidez” en la que están involucrados gobernadores, intendentes, punteros políticos, médicos y prestadores de servicios de salud y atención a personas con discapacidad. “Apuntamos a las provincias del Norte y a determinados municipios del sur del conurbano, entre ellos Quilmes, Berazategui, Lanús y Florencia Varela” señalaron fuentes oficiales.
Para el Gobierno, el grueso de los beneficios concedidos ilegalmente se concentra en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y en el de Alberto Fernández.
