El Gobierno nombró a los veedores en la AFA: tendrán 180 días para revisar balances y contratos

La resolución establece una auditoría para supervisar documentación administrativa y contable de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia

El Ministerio de Justicia dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ). La medida habilita una auditoría sobre el funcionamiento contable y administrativo de la entidad, y profundiza un conflicto institucional con fuerte impacto político.

El Gobierno Nacional formalizó la intervención en grado de veeduría sobre la AFA por 180 días hábiles, en una decisión que conjuga aspectos técnicos, jurídicos y políticos, situando al fútbol argentino en el centro de una disputa más amplia acerca del control estatal, la transparencia y el poder institucional.

De acuerdo con la resolución firmada por el Ministerio de Justicia, a partir de una solicitud de la IGJ —organismo encargado de fiscalizar asociaciones civiles en la Ciudad de Buenos Aires—, el objetivo formal es relevar documentación, auditar estados contables y verificar el funcionamiento institucional de la entidad presidida por “Chiqui” Tapia.

Durante el período de veeduría, los interventores designados tendrán la facultad de examinar los estados contables, analizar operaciones con empresas privadas e indagar en la creación de la Universidad de la AFA. Según la IGJ, la ausencia de documentación respaldatoria y la falta de respuestas a requerimientos previos motivaron la medida. El informe final orientará los próximos pasos, desde sanciones administrativas hasta posibles acciones judiciales.

El expediente que derivó en la intervención comenzó a gestarse a fines de febrero, cuando la IGJ solicitó formalmente la designación de veedores tras detectar lo que calificó como “graves irregularidades” en la AFA.

Según la documentación oficial y reportes de prensa, el organismo de control reclamaba información contable clave que la entidad no entregó. Se señalaron demoras en la presentación de balances, insuficiencia en el detalle de los estados financieros y ausencia de documentación respaldatoria para evaluar el manejo de los recursos.

El foco estaba puesto especialmente en los estados contables más recientes, en un contexto donde la AFA experimentó un crecimiento exponencial de ingresos tras la obtención del Mundial de Qatar. Ese aumento, impulsado por derechos televisivos, contratos comerciales y premios deportivos, no fue acompañado —según la IGJ— por un nivel equivalente de transparencia en la rendición de cuentas.

La preocupación del organismo incluyó observaciones sobre operaciones económicas vinculadas a intermediarios y empresas privadas que participan en la comercialización de derechos del fútbol argentino, uno de los activos principales del sistema.

Qué implica la intervención en grado de veeduría

La medida dispuesta por el Ministerio de Justicia no representa una intervención plena ni el desplazamiento de autoridades de la AFA, sino una figura más restringida: la veeduría.

En términos jurídicos, la veeduría consiste en la designación de funcionarios externos con facultades para examinar documentación, auditar procesos y elaborar informes sobre la situación institucional de una entidad. Se trata de un mecanismo de control reforzado.

En este caso, los veedores designados —el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco— tendrán amplias facultades para acceder a libros contables, documentos administrativos y registros financieros. Su tarea será reconstruir el funcionamiento interno de la AFA en áreas clave y determinar si se ajusta a las normas legales y estatutarias.

Entre sus tareas principales figuran analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, auditar el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), revisar relaciones comerciales y financieras con empresas y actores privados, y verificar la existencia de posibles actos contrarios a la ley o al estatuto.

El trabajo culminará con un informe final dirigido a la autoridad de control, aunque los veedores podrán emitir reportes parciales si detectan situaciones urgentes.

Con información de Facundo Chaves



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