Será el jueves 12, un día después de que el Senado trate la Modernización Laboral. Un día antes, el miércoles, habrá un plenario de comisiones para la firma del dictamen
El oficialismo llegó a un acuerdo con sectores de la oposición y convocará a sesión el jueves 12 de febrero, en la Cámara de Diputados, para tratar el Régimen Penal Juvenil, que tiene como punto principal la baja de la edad de imputabilidad.
Un día antes, el miércoles, será el plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto para firmar el dictámen. El despacho que el oficialismo había conseguido el año pasado perdió estado parlamentario por lo que el trámite formal debe realizarse otra vez, pero fuentes al tanto de las negociaciones aseguraron que se “respetarán los consensos”.
Si bien el proyecto original, impulsado por Milei, proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, el año pasado bloques aliados como el PRO, la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal presionaron para poner el límite en 14 años. El PRO y la UCR ya adelantaron que sostendrán esta postura.
Por otro lado, también había reducido de 20 a 15 años de prisión efectiva la pena máxima para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Eso posibilitó llegar a un texto consensuado el año pasado pero finalmente el oficialismo nunca lo llevó al recinto.
Cómo será el nuevo Régimen Penal Juvenil
El nuevo régimen establecerá 14 años el mínimo de punibilidad y la condena máxima será de 15 años sólo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad sólo se aplicaría como último recurso, por lo que la prioridad serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.
A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención debía estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedaba terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.
Entre las penas alternativas a la prisión se establece la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. La posibilidad de reemplazar la prisión por penas alternativas está prevista en delitos cuya pena de prisión sea de hasta 3 años, o de hasta diez años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima. Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Como medidas complementarias se incluyen programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y prohibición de consumo de alcohol y estupefacientes, entre otras. El cumplimiento de estas medidas deberá ser controlado por un supervisor especializado, designado por el juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.
Además, el proyecto contempla intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. En caso de requerir internación, se debía notificar al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.
