La Cartera de Seguridad cambiará de nombre y coordinará los sistemas de crisis
Javier Milei firmará un DNU para modificar la Ley de ministerios. La Cartera de Seguridad cambiará de nombre y pasará a llamarse Ministerio de Seguridad Nacional. Es más que un cambio cosmético. Patricia Bullrich absorberá nuevas competencias que hoy dependen de Defensa y otros ministerios y avanzará con un plan para intensificar la presencia de las fuerzas federales fuera del AMBA. La iniciativa, que ya está en Legal y Técnica, se oficializará en los próximos días.
“La idea es darle un rol más robusto al ministerio para que quede claro que está por encima de las provincias en algunos tópicos”, comentó un funcionario al tanto de los cambios que están en proceso.
El flamante Ministerio de Seguridad Nacional remite al Homeland Security de los Estados Unidos. Parece ser otra apelación a la ingeniería institucional y estética de Casa Blanca.
Con el Decreto 1112/2024 que modificó la reglamentación de la Ley de Defensa, Bullrich ya había avanzado como la primera responsable para coordinar el accionar de Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas en materia de Seguridad Interior para resguardar zonas o lugares estratégicos -como un aeropuerto o los yacimientos de Vaca Muerta- de posibles ataques terroristas.
Ahora, Bullrich será también la autoridad rectora del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), que en casos de crisis (climáticas y/o sociales) articula las acciones de los gobiernos provinciales y del Gobierno y del propio Ejército.
La ministra de Seguridad Nacional absorberá también el Sistema de Manejo del Fuego que hoy depende de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que conduce Daniel Scioli.
El cambio de estructura se produce cuando la ministra avanza con un plan de reformas de las fuerzas federales, en particular, de la Policía Federal (PFA). En la Cartera de Seguridad hablan hoy de incrementar la plantilla de investigadores para que pase del 15 por ciento al 40. Se trata, en parte de la vieja idea de la ministra avanzar con una suerte de FBI local, como propuso en la campaña.
Además, buscan invertir el despliegue de los agentes, que hoy están apostados en un 60 por ciento en el AMBA. Quieren que el 70 por ciento del cuerpo de la PFA trabaje en el resto de las provincias.
