Tras analizar pruebas y comunicaciones, la Fiscalía pidió la citación de Julio Cordero y del legislador libertario Pablo Ansaloni. Es a partir de una denuncia del actual secretario general del Gremio, José Voytenco
El Fiscal Guillermo Marijuan pidió citar a declaración indagatoria de seis personas por su presunta participación en un plan para intervenir la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). El requerimiento, fechado este lunes y dirigido al Juez Federal Sebastián Casanello, responde a la denuncia presentada por José Antonio Voytenco, secretario general del sindicato, y se apoya en una investigación que incluyó peritajes, allanamientos y análisis de comunicaciones.
El hallazgo de carpetas digitales identificadas como “Compras” y dispositivos electrónicos durante el allanamiento a la sede de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), realizado el pasado 21 de febrero, marcó un punto de inflexión en la investigación que involucra a figuras de perfil político y sindical.
La Fiscalía señaló que “teniendo en cuenta el resultado de la prueba producida durante la instrucción del expediente en ese sentido, considero que se encuentra reunido el grado de sospecha contemplado por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, motivo por el cual habré de requerir a V.S. que se convoque a prestar declaración indagatoria a las personas que a continuación se mencionan: Pablo Miguel Ansaloni, Diputado de la Nación Argentina (partido Libertad Avanza); Julio Cordero, Secretario de Trabajo de la Nación; Claudio Alberto Aquino, Director Nacional de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo; Marcelo Carlos Petroni, interventor de la Obra Social de Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina -OSPRERA-; Marcelo Agustín Andrada -ex Secretario General de la seccional La Plata de UATRE; y Aixa Laura Petriati -ex Subdelegada por la pcia. de Buenos Aires de UATRE”.
La causa se inició el 5 de febrero de 2025 a partir de una denuncia penal presentada por Voytenco, quien acusó a los mencionados funcionarios y dirigentes sindicales de haber orquestado un acuerdo ilícito para desplazar a las autoridades electas del sindicato. Según la denuncia, el plan se habría materializado con la firma, el 29 de enero de 2025, de un dictamen por parte de Aquino solicitando la intervención judicial de la UATRE, lo que derivó en la apertura de un expediente administrativo y la posterior resolución del secretario de Trabajo.
