Servirá para elecciones nacionales. En Tucumán, es una deuda pendiente largamente esperada
En la provincia de Tucumán continúan con un sistema arcaico, cuestionado y que se presta a fraude electoral: los ACOPLES. Hubo PROMESA del gobernador Osvaldo Jaldo en terminar con una modalidad de votación ampliamente rechazada por la población. Sin embargo, solo quedó en eso, en PROMESA.
La Cámara de Diputados de la Nación ratificó, con 143 votos afirmativos, los cambios realizados por el Senado y sancionó de manera definitiva la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). El nuevo instrumento electoral comenzará a utilizarse, a nivel nacional, en las elecciones legislativas del año que viene.
El modelo mendocino, que el Senado tomó como referencia cuando modificó el texto que se había aprobado en Diputados (inspirado en el modelo de la provincia de Córdoba), ubica los cargos sobre el margen izquierdo de manera horizontal y los partidos o alianzas en filas verticales con diferentes colores.
No obstante, tanto el modelo mendocino como el cordobés incluían la posibilidad de marcar la opción de lista completa, sin necesidad de tildar cada cargo por separado. Durante el debate en el Senado, las fuerzas provinciales se pusieron firmes sobre este punto y bloquearon el debate.
Los partidos provinciales buscaban cortar con el “efecto arrastre” que generan los candidatos presidenciales de los partidos nacionales. La rionegrina Mónica Silva, y los misioneros renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, lograron hacer valer sus votos clave y el oficialismo terminó cediendo.
Quienes defienden la implementación de la Boleta Única de Papel destacan que el sistema termina con prácticas como el robo de boletas, el voto “cadena” y las prebendas con la boleta partidaria. También desalienta una práctica que floreció en la última década: los partidos que armaban falsas competencias internas para multiplicar el dinero que el Estado les transfiere para garantizar que todos los sectores puedan imprimir un mínimo de boletas.
Por otro lado, también pone en igualdad de condiciones a las fuerzas políticas con estructuras más chicas, que frecuentemente tenían problemas para conseguir la cantidad suficiente de fiscales que cuiden sus votos en todas las mesas.
Otros puntos clave del proyecto es que se ampliarán de 50 a 60 días las campañas electorales, junto a la presentación de listas 70 días antes de las PASO -serán una semana antes de lo habitual-, en vez de 50; y la conformación de alianzas, que pasará de 60 a 80 días antes de los comicios.
