Si el poder político, económico o partidario te acompaña, podés violar, robar, estafar, abusar o defraudar… Un país para ser grande debe tener instituciones respetables y no solo un progreso económico
Por SIN CODIGO
Mientras millones de argentinos hacen malabares para cumplir leyes, horarios y obligaciones, algunos condenados por delitos gravísimos parecen vivir en un universo paralelo: uno donde la Justicia es blanda, los castigos son opcionales y la impunidad se pasea en bata de seda por departamentos de lujo.
El caso más reciente —y más insultante— es el del exgobernador tucumano José Alperovich. Sí, el mismo que fue condenado a 16 años de prisión por violar a su sobrina. El mismo que debería estar cumpliendo una pena ejemplar, acorde a la gravedad de su delito. Ese hombre hoy prepara… su casamiento en Puerto Madero, con el aval del sistema judicial.
Sí, leyó bien: casamiento. Con vestido, anillos, brindis y fotos. Y todo esto desde la comodidad de su prisión domiciliaria en Zencity, uno de los complejos más exclusivos de Buenos Aires. Ni rejas, ni pasillos húmedos, ni controles estrictos. Apenas un departamento premium y una fecha para celebrar el amor.
Un privilegio más en una lista que ya ofende a cualquiera con sentido común.
Una Justicia sumisa frente a los poderosos
La sociedad ve, con una mezcla de indignación y cansancio, cómo los “presos VIP” obtienen lo que nunca estaría al alcance de un ciudadano común: comodidad, permisos especiales, visitas flexibles y una vida casi normal.
Y lo que es peor: lo obtienen con el silencioso permiso -en algunos casos sin permiso, lo que demuestra mayor impunidad- de la Justicia. Una justicia que parece empeñada en mirar hacia otro lado cuando el imputado o condenado tiene poder, contactos o apellido ilustre.
Si no, ¿cómo explicar que un violador condenado pueda festejar su boda como si fuera un influencer de lifestyle?
¿Cómo justificar que su pena, en los hechos, sea apenas un período sabático en un departamento de lujo?
¿Cómo puede la Justicia dormir tranquila mientras manda el mensaje más peligroso de todos: si sos poderoso, la condena es negociable?
El caso Alperovich no es una excepción: parece ser la regla.
La impunidad VIP no se limita a un hombre. Es un sistema. Una costumbre. Un hábito argentino.
Ahí está Cristina Fernández de Kirchner, también condenada, también en situación de privilegio. En prisión domiciliaria, pero con la flexibilidad de recibir reuniones políticas, visitas de dirigentes y encuentros a puertas cerradas sin demasiado control.
Mientras los presos comunes piden permiso hasta para ver a un familiar, los presos VIP organizan reuniones, actos políticos o visitas selectivas como si nada.
Pareciera que la condena para algunos es apenas un trámite administrativo, mientras para el resto sigue siendo un castigo real.
¿Qué pretende entonces la Justicia del ciudadano común?
Porque el mensaje que baja desde arriba es brutal: Si el poder político, económico o partidario te acompaña, podés violar, robar, estafar, abusar o defraudar… Y aun así seguirás disfrutando de comodidades, eventos sociales y vida privada sin grandes sobresaltos.
Entonces, ¿qué autoridad moral tiene el Estado para exigir cumplimiento?
¿Con qué cara se le pide a la sociedad respeto por la Ley, si quienes deberían dar el ejemplo viven en un festival de privilegios?
Esto no es un escándalo mediático: es un síntoma de un país enfermo.
El casamiento de Alperovich no es “chisme”, ni “color”. Es la postal más cruel de un problema profundo: la desigualdad ante la ley. Un país donde un condenado por violación vive como un empresario exitoso en Puerto Madero, mientras miles de detenidos comunes pagan hasta el último minuto de su pena sin derecho a nada. Es un insulto a las víctimas, una burla a la ciudadanía y una señal de alarma para la democracia.
La Justicia no puede seguir operando como boutique de beneficios para poderosos.
No puede ser cómplice, por acción u omisión, de la impunidad selectiva.
No puede seguir avalando que los condenados VIP vivan en fiesta mientras la sociedad mira desde afuera con bronca y resignación.
Llegó la hora de exigir igualdad ante la Ley
Si la Justicia quiere recuperar algo de credibilidad, tiene que empezar por lo básico:
la condena debe ser condena. La cárcel debe ser cárcel. El privilegio debe terminar.
No podemos seguir naturalizando que los poderosos hagan lo que quieren, cuando quieren y con quien quieren, incluso estando condenados. Porque si los delincuentes VIP pueden casarse, brindar y exhibir su impunidad, ¿Qué queda para el resto? ¿Qué autoridad moral le queda al Estado para reclamar conducta, orden o respeto por la Ley?
La respuesta es simple: ninguna, mientras el sistema siga tolerando estos espectáculos obscenos de impunidad.
