La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrentará el próximo 6 de noviembre un juicio oral en el marco de la causa conocida como “Cuadernos de las Coimas”, considerada por la Justicia como la mayor trama de corrupción en Argentina en las últimas dos décadas.
La investigación involucra a más de 140 imputados, entre ellos empresarios, ex funcionarios y políticos, acusados de integrar una red sistemática de sobornos que operó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a través del Ministerio de Planificación Federal.
El proceso será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), conformado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, y tendrá la particularidad de desarrollarse completamente de manera virtual, debido a la imposibilidad de albergar físicamente a todos los imputados. La fiscal general Fabiana León representará al Ministerio Público Fiscal.
La causa madre (expediente 9608/2018), junto con las causas conexas, cuenta con embargos por un total de 1.109 millones de dólares, incluyendo fondos en cuentas de Argentina y de Suiza. De esa suma, US$ 294 millones se encuentran cautelados directamente en el expediente principal. Cristina Kirchner y su patrimonio personal están incluidos en las medidas.
Durante el proceso se presentarán 630 testigos, y se acumularon 220 cuerpos de expediente. Antes de fijar la fecha del juicio, el tribunal ordenó 231 medidas de prueba, incluyendo declaraciones de imputados colaboradores, informes de organismos públicos como AFIP, ANAC y RENAR, análisis de cámaras de seguridad, movimientos bancarios y documentación diversa.
La causa se inició en 2018, luego de la revelación de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, y fue elevada a juicio en 2019 por el fallecido juez Claudio Bonadio. En septiembre de ese año, Bonadio envió a juicio a Cristina Kirchner y a decenas de empresarios y funcionarios por integrar una estructura de recaudación ilegal de fondos por parte del Estado.
Además, se contempla la posibilidad de decomisar bienes embargados, en caso de que se dicte una sentencia condenatoria. De hecho, Cristina también enfrenta una sentencia firme en la causa Vialidad, donde fue condenada por administración fraudulenta con un perjuicio estimado de 537 millones de dólares al Estado. Deberá depositar esa suma antes del 13 de agosto, o se procederá a la ejecución de bienes embargados.
Según la fiscal León, esta es la investigación por corrupción más extensa en la historia judicial argentina, y una de las más relevantes a nivel internacional.
