El Gobierno nacional atraviesa horas delicadas luego de la filtración de una serie de audios y chats que comprometen a figuras clave del círculo presidencial. En el centro del escándalo aparece Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, señalada en conversaciones que han sacudido la interna de la Casa Rosada.
Los mensajes y grabaciones provienen del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien fue desplazado de su cargo esta semana tras denunciar presuntos pedidos de coimas por parte de funcionarios y empresarios vinculados al oficialismo. Entre los nombres mencionados figuran el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo “Lule” Menem, el empresario Daniel Garbellini y la droguería Suizo Argentina.
Una denuncia explosiva
Spagnuolo habría registrado conversaciones donde se detallan supuestas exigencias de retornos económicos a cambio de contratos estatales. Los materiales, que ahora forman parte de una causa judicial en manos del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, también apuntan a maniobras internas para proteger a Karina Milei de cualquier vínculo con los hechos.
Desde el oficialismo se sostiene una hipótesis alternativa: que el escándalo forma parte de una operación política. En los pasillos de Balcarce 50 se habla de una “vendetta” de sectores desplazados del poder o incluso de un armado impulsado por sectores del peronismo para desgastar a la administración libertaria.
El blindaje político
Conscientes del impacto que puede tener la denuncia, el entorno de Javier Milei desplegó rápidamente una estrategia de contención. Voceros oficiales buscaron desacreditar al denunciante y apuntaron contra el sistema judicial: recordaron la cercanía del fiscal Picardi con el kirchnerismo y apodaron al juez Casanello como “tortuga” por la supuesta lentitud en investigaciones anteriores.
A la par, Karina Milei se mostró en un acto público en Villa Celina, en el partido de La Matanza, donde fue recibida con fervor por dirigentes y militantes libertarios. Aunque se trató de una actividad programada, el evento se convirtió en un intento de mostrar normalidad y respaldo político en medio del escándalo. Según se denunció desde su entorno, el evento fue boicoteado a último momento por el intendente peronista Fernando Espinoza, lo que obligó a cambiar la sede del acto.
Repercusiones políticas
El caso ha generado incomodidad incluso dentro del oficialismo, donde algunos sectores temen que los hechos puedan escalar y afectar la imagen presidencial. La oposición, por su parte, ya comenzó a exigir explicaciones formales y el avance de la investigación judicial sin interferencias del poder político.
Mientras tanto, la Justicia se prepara para peritar los teléfonos de los implicados y evaluar la autenticidad de los audios y chats filtrados. Todo indica que este será solo el inicio de una investigación que podría marcar un antes y un después para la gestión de Javier Milei.
