Los ministros Bullrich y Petri brindaron detalles en una conferencia de prensa
Los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) anunciaron hoy un paquete de leyes que incluirá, entre otros puntos, una normativa para instrumentar penas de prisión para los organizadores de piquetes y bloqueos. También, un cambio de la Ley de Seguridad Interior para modificar el rol de las Fuerzas Armadas.
El paquete de leyes a modificar se enviará al Congreso la semana que viene, para su aprobación. Incluye “legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos”.
“Estamos impulsando, en el Congreso Nacional, una nueva legislación para que tengamos alternativas para que las Fuerzas Armadas, ante determinados supuestos muy específicos, puedan realizar un mayor apoyo a las tareas de seguridad interior”, afirmó Petri.
“No es para delitos comunes”, señaló Petri, y explicó que podría intervenir “solo si el Comité de Crisis define que existen actos terrorista y con la anuencia del gobernador de la provincia donde se pueda actuar”.
Con relación a las manifestaciones, marchas y piquetes, se buscará modificar el artículo 194 del Código Penal, que amplía las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciera el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” será de uno a tres años y seis meses de prisión.
Se aclara además que si el acto se hace “portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.
Esta condena aumenta hasta a 6 años si se lleva adelante “mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”.
Por otra parte, también se indica que los organizadores “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado” durante la protesta y que si durante la movilización se corta el tránsito o participan “menores sin la correspondiente compañía” de sus tutores, serán multados por hasta veinte mil unidades fijas, lo que equivale actualmente a 5.802.000 de pesos.
