El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció una baja significativa en los índices delictivos en la provincia. Según sus declaraciones, los robos disminuyeron un 50% y los asesinatos bajaron un 30% en relación al mismo período del año anterior
“Esto no es casualidad. Es fruto del trabajo articulado entre la Policía de Tucumán, el Ministerio de Seguridad y el firme respaldo del Gobierno provincial. Hoy podemos decir que Tucumán está más segura”, expresó Jaldo en un acto oficial esta semana.
La reducción de homicidios, sin duda, es un dato objetivo. Las muertes violentas no se pueden ocultar: cada asesinato queda registrado, investigado y contabilizado, lo que convierte a este descenso en un avance concreto en materia de seguridad pública.
Sin embargo, el panorama cambia cuando se habla de robos. Las cifras pueden estar sujetas a un subregistro importante, ya que muchas víctimas no denuncian los delitos que sufren. Las razones son múltiples: falta de tiempo, desinterés, descreimiento en la eficacia del sistema judicial y policial, o la sensación generalizada de que denunciar no servirá para recuperar lo robado ni para evitar futuros hechos.
Un ejemplo concreto ocurrió la semana pasada en calle Juan José Passo al 900, en la capital tucumana. Una familia fue víctima de dos robos en días consecutivos en su domicilio. Según relataron, los presuntos responsables serían los llamados “limpiavidrios” de la zona, que deambulan en evidente estado de alteración por consumo de drogas. “No hicimos la denuncia porque sabemos que es perder el tiempo. No vamos a recuperar nada y estos tipos seguirán ahí, drogados y robando”, dijo una de las víctimas, que optó por contratar un servicio privado de alarmas.
Como este, hay muchos casos similares en distintos barrios de San Miguel de Tucumán y del Gran San Miguel. Arrebatos callejeros, robos domiciliarios y hurtos menores que no se denuncian, y que por lo tanto no figuran en las estadísticas oficiales. Esto no significa necesariamente que las autoridades estén maquillando los números, sino que los datos reflejan sólo los hechos reportados, no la totalidad de lo que efectivamente sucede en las calles.
Por eso, los números difundidos por el Gobierno deben ser leídos con cautela. La baja registrada puede ser una tendencia real, pero seguramente está lejos de mostrar la dimensión completa del problema.
En este contexto, reforzar la vigilancia en los barrios sigue siendo una necesidad urgente. Garitas policiales, patrullajes más frecuentes y una mirada más atenta sobre personas en situación de calle o limpiavidrios que, drogados, delinquen para sostener su consumo, son medidas que podrían tener impacto directo en la seguridad cotidiana de los vecinos.
Tucumán necesita más que cifras alentadoras. Necesita seguridad real, visible y sostenida. Y, sobre todo, recuperar la confianza ciudadana en un sistema que, aún con avances, sigue dejando muchas víctimas sin respuestas.
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