La huelga, que nació como un mecanismo legítimo de protesta ante abusos laborales, hoy se ha desvirtuado hasta transformarse en un instrumento mafioso que paraliza el país con una frecuencia asombrosa
En la Argentina, el derecho a huelga -consagrado por la Constitución Nacional- se ha convertido en una herramienta de extorsión y desgaste político, especialmente en manos del sindicalismo peronista que, desde hace décadas, colonizó la mayoría de los gremios.
La huelga, que en cualquier país del mundo se utiliza como último recurso frente a conflictos serios, aquí se ha banalizado. En Argentina se hace paro por deporte. Una semana sí y la otra también. ¿El resultado? Nada cambia. Ninguna política se revierte, ningún Gobierno da marcha atrás. Lo único que logran es castigar al ciudadano de a pie: al trabajador que no puede llegar a su empleo, al estudiante que pierde clases, al jubilado que se queda sin atención.
Un servicio esencial como el transporte público
El caso del transporte público es el más brutal. ¿Cómo se justifica que un servicio esencial como el colectivo pueda paralizarse sin que exista un esquema mínimo de funcionamiento? El daño que se genera es enorme y no tiene correlato con la supuesta causa del reclamo. Porque, seamos claros: estos paros no son laborales, son políticos. Responden a un aparato sindical alineado con el peronismo que, cuando no está en el poder, utiliza al gremialismo para desestabilizar y sembrar caos.
Mientras tanto, los líderes gremiales, convertidos en verdaderos empresarios del conflicto, acumulan fortunas, propiedades, autos de alta gama y un poder impune. En estos más de 40 años de democracia, lo único que ha florecido con el sindicalismo son sus dirigentes, no sus afiliados.
Y lo más irritante es la comparación: los colectiveros, por ejemplo, cobran más que un maestro, un médico o un policía. Pero si estos últimos decidieran parar con la misma frecuencia que lo hacen los choferes, tendríamos un país con más muertos, más ignorantes y más inseguro.
No se trata de prohibir el derecho a huelga, sino de regularlo con responsabilidad. Establecer servicios esenciales con guardias mínimas obligatorias, como ocurre en los países serios. Y sobre todo, terminar con la impunidad política de gremios que ya no defienden trabajadores, sino intereses partidarios.
La dirigencia política, en lugar de temerles, debe enfrentarlos. Porque si no se rompe esta lógica extorsiva, seguiremos viviendo en el único país del mundo donde el paro no es una excepción, sino una rutina.
TICHO para SIN CODIGO
