“Cuando la política entra por la puerta, el derecho sale despavorido por la ventana”, dijo el abogado de Pelli. Se celebró una audiencia en el marco de la causa sobre lesiones graves agravadas por alevosía sufridas por el diputado de LLA
La Justicia Penal hizo lugar, este martes, al pedido realizado por la defensa de Marcelo “Pichón” Segura para que se le otorgue el arresto domiciliaria al imputado por lesiones graves agravadas por alevosía, en la causa que tiene por víctima al diputado nacional Federico Pelli de La Libertad Avanza.
La audiencia estuvo a cargo del Juez del Colegio de Jueces de Concepción, Raúl Robín Márquez, quien analizó los argumentos expresados por las partes antes de tomar una decisión.
Este mediodía, tras un cuarto intermedio, el magistrado aceptó lo requerido por la defensa -sin la oposición del Ministerio Público Fiscal- y dispuso que Segura sea trasladado bajo prisión preventiva por un plazo de cuatro meses al domicilio declarado en Pasaje Saavedra Lamas al 1400, con un dispositivo de vigilancia electrónico. Hasta tanto se concrete su colocación, se indicó además una custodia policial sorpresiva.
La querella, en tanto, rechazó la decisión del Juez, y no ocultó su malestar por la morigeración de la medida de coerción que benefició al sospechoso.
La agresión al diputado Pelli
El hecho se registró el 11 de marzo pasado, en Lamadrid, donde Federico Pelli y otros dirigentes de LLA habían concurrido para llevar donaciones a personas damnificadas por las inundaciones.
Tras un breve intercambio de palabras, Segura le dio un brutal cabezazo en el rostro a Pelli, que tuvo que ser llevado de urgencia a un centro médico, para luego ser sometido a una cirugía por las fracturas en los huesos de la nariz.
En la primera audiencia de formulación de cargos y de medidas de coerción, se dispuso la prisión preventiva en contra de Segura, por un plazo de cuatro meses, y su traslado inmediato a la Cárcel de Benjamín Paz.
El magistrado dispuso una morigeración de la prisión preventiva, con arresto domiciliario en la vivienda consignada, bajo la vigilancia de dispositivo electrónico (y tres visitas diarias de la Policía hasta tanto se proceda a la colocación del aparato).
El Juez, en los fundamentos, explicó que resultaba clave la cuestión “del estado de salud del imputado”, y que se había acreditado mediante certificación médica sus problemas de hipertensión y de diabetes.
Además, el magistrado incluyó el cuidado y vigilancia de parte de “un tercero responsable”, la esposa del imputado, y mencionó la salida alternativa al conflicto bajo tratativas en el marco de este expediente, que podría ser “de un juicio abreviado, que en este caso sería con pena de ejecución condicional”. De todos modos, Robín Márquez remarcó como aspecto determinante el derecho a la salud del imputado.
Juan Colombres Garmendia, abogado de Pelli, que siguió la audiencia acompañado por la víctima, no ocultó su malestar tras la medida, e incluso reprochó la postura del MPF. “Cuando la política entra por la puerta, el derecho sale despavorido por la ventana”, aseveró el letrado en plena audiencia.
