En Formosa, Gildo Insfrán gobierna desde 1995. En Tucumán cambiaron los gobernadores, pero el peronismo conserva el poder provincial prácticamente desde 1983. La denuncia por amenazas contra uno de los fundadores de Sin Codigo Tucumán pone a prueba la capacidad de las instituciones para investigar a quienes están cerca del poder. El proyecto ¿autoritario? de Carolina Vargas Aignasse que apoyaría el oficialismo y pone en alerta a la oposición y medios de comunicación
Por la redacción de SIN CODIGO TUCUMÁN
La advertencia de que la Argentina iba camino a ser Venezuela expresaba un temor a la concentración del poder y la pérdida de derechos constitucionales. En Tucumán, la comparación con Formosa plantea una pregunta más cercana: ¿qué pasa con los controles cuando la posibilidad de que el oficialismo pierda la gobernación se vuelve cada vez más remota?
En Formosa, la continuidad tiene el nombre de Gildo Insfrán. En Tucumán, el peronismo gobierna prácticamente desde 1983 -cuando muchos lectores no habían nacido y hoy ya son padres o abuelos-. Hubo recambio de figuras. Fernando Riera, José Domato, la intervención del peronista Julio César Aráoz, Ramón Ortega, Julio Miranda, José Alperovich, Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. Cambiaron los liderazgos, se rompieron alianzas y hubo internas feroces. Pero el peronismo siguió al frente del Ejecutivo. Después de más de cuatro décadas, el riesgo es que el partido gobernante empiece a tratar a las instituciones de la provincia como si le pertenecieran.
La alternancia empieza con la posibilidad de perder
Los tucumanos tienen derecho a reelegir a un gobierno tantas veces como se lo permitan las reglas. La calidad de esas reglas se mide en la posibilidad real de disputar el poder y en la capacidad de los organismos de control para exigir cuentas, incluso cuando el oficialismo conserva una mayoría amplia.
Steven Levitsky y Lucan Way estudiaron cómo puede haber elecciones periódicas y, a la vez, una competencia desigual cuando el oficialismo usa su acceso a recursos públicos o a los medios para sacar ventaja. En Tucumán, esa pregunta tiene consecuencias concretas. ¿Puede la oposición competir en condiciones razonables? ¿Puede un organismo de control exigirle al Ejecutivo que rinda cuentas? ¿Puede un periodista preguntar por una partida presupuestaria sin temer represalias?
Por eso importa la alternancia. La posibilidad de perder obliga a rendir cuentas. Y cuando el recambio ocurre, una nueva gestión puede abrir expedientes, revisar contratos y explicar decisiones que sus antecesores dejaron sin respuesta. Ese examen debería ser posible también mientras gobiernan quienes tomaron esas decisiones.
Las preguntas que el Gobierno todavía debe responder
Sin Codigo Tucumán preguntó qué obras se terminaron para prevenir inundaciones, cuánto dinero recibió cada comuna y dónde se pueden consultar las rendiciones. El 20 de noviembre, el diario publicó un comunicado fechado el día anterior en el que denunció amenazas y hostigamiento contra Enzo Perea, uno de sus fundadores. Según el comunicado, el ministro del Interior, Darío Monteros, se comunicó con Perea poco después de publicada la nota. El episodio más grave que relata Perea habría ocurrido en una llamada posterior, atribuida a una persona vinculada al equipo de comunicación del ministro, con amenazas hacia su vida y su entorno. Además de una campaña de difamación en diferentes medios digitales por parte de personas que trabajarían para Monteros.
El diario digital SIN CODIGO TUCUMÁN ya presentó la denuncia policial correspondiente.
La investigación debe establecer quién realizó esa llamada, qué se dijo y si intervinieron funcionarios o se utilizaron recursos públicos. El gobernador Osvaldo Jaldo, por su parte, tiene una responsabilidad política que puede ejercer desde ahora. Puede pronunciarse, disponer que su Administración preserve y entregue la información que se le requiera y responder las preguntas sobre las obras y los fondos.
Al cierre de esta columna, no encontramos un pronunciamiento público de Jaldo sobre la denuncia que involucra a su ministro del Interior, Darío Monteros.
En marzo, cuando el diputado nacional Federico Pelli recibió un cabezazo durante una recorrida en La Madrid y se apuntó a Darío Monteros, Jaldo se pronunció públicamente. ¿Será porque la información se viralizó a nivel nacional? Hoy le corresponde dar una respuesta institucional ante una denuncia que involucra al entorno de uno de sus ministros. La igualdad ante la ley, que el gobernador reivindica en sus discursos, se pone a prueba precisamente cuando el señalado está cerca del poder.
El cajón de Herminio Iglesias
En el cierre de la campaña presidencial de 1983, el sindicalista Herminio Iglesias prendió fuego un ataúd con las siglas de la UCR. Raúl Alfonsín ganó las elecciones y aquella escena quedó como la imagen más recordada de la derrota peronista. La comparación vale por el costo que puede tener para una conducción política tolerar conductas que terminan por definirla ante la sociedad.
Darío Monteros puede convertirse para Jaldo en lo que el cajón de Herminio Iglesias fue para aquella campaña. El costo para el gobernador crece cada vez que una pregunta sobre la actuación de su ministro queda sin respuesta. Y esta vez las preguntas son precisas: qué pasó después de la publicación, qué hará el Ejecutivo para esclarecerlo y cuándo pondrá a disposición las rendiciones reclamadas. Y lo más importante: ¿Es tolerable que un funcionario público de alto rango intimide descaradamente al periodismo?
Una publicación retirada antes de votar, el proyecto de la oficialista Carolina Vargas Aignasse
En ese clima, la Legislatura tucumana dio un paso que merece atención. La Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales emitió dictamen favorable sobre el proyecto de la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse. La iniciativa busca sancionar la difusión de noticias falsas, contenidos manipulados y deepfakes generados con Inteligencia Artificial durante campañas electorales, otorgando a la Junta Electoral Provincial (oficialista) la facultad de ordenar la baja de publicaciones en 12 horas. La iniciativa prevé multas económicas de hasta 30 millones de pesos y genera controversia debido a los cuestionamientos sobre su impacto en la libertad de expresión y el control estatal sin previa intervención judicial.
La Libertad Avanza Tucumán se declaró en estado de alerta en un comunicado oficial. Advirtió que el mecanismo podría convertirse en un instrumento de censura o intimidación y recordó que quienes se consideren perjudicados por una publicación ya pueden acudir a la Justicia. Paula Omodeo (CREO) también cuestionó el avance del proyecto.
Una voz clonada puede engañar a los votantes. La Legislatura tiene que explicar qué prueba se exigirá antes de pedir un retiro, cuánto tiempo tendrá el autor para defenderse y quién revisará la decisión antes de que se vote. Si una investigación se baja el sábado y se repone el lunes, el elector ya habrá ido a las urnas sin poder leerla. La sola posibilidad de una multa también puede intimidar a un periodista o a un ciudadano que tenga información de interés público para difundir.
Milei al volante y Trump vestido de Papa
La IA ya forma parte de la comunicación política y del trabajo editorial. Javier Milei compartió un video generado con IA en el que aparece manejando un Tesla por la Avenida 9 de Julio con Elon Musk de acompañante. ¿Es real?, NO, es una forma de comunicar. Donald Trump difundió una imagen en la que se lo veía vestido de Papa. ¿Alguien lo puede tomar como real? ¿El Vaticano intimidó al Presidente estadounidense a borrar la publicación? También circularon, creadas por terceros, imágenes ficticias que mostraban a Trump durante un supuesto arresto.
La escena de Milei al volante y la de Trump con vestiduras papales se entienden como puestas en escena. Los medios nacionales e internacionales también usan IA para ilustrar noticias, reconstruir escenas o producir sátiras. Identificar una imagen como ilustración o montaje ayuda al lector a entender qué está viendo. Una norma electoral debe distinguir con precisión entre una falsificación presentada como prueba, una parodia y una pieza periodística que usa IA para ilustrar información verificable.
El peronismo tucumano tiene que acostumbrarse a que los medios independientes cuestionen sus decisiones y pregunten por su gestión. Y no estar pensando que, ante una pregunta incómoda, vendrán amenazas de muerte al medio y su entorno. Vamos a seguir preguntando qué obras se hicieron, cuánto recibió cada comuna y dónde están los papeles.
Si en Tucumán pedir una rendición de cuentas expone a un periodista a amenazas y escraches, y el Gobierno deja pasar la denuncia sin dar explicaciones, la comparación con Formosa empieza a describir el rumbo de la provincia.
Tucumán todavía está a tiempo de responder con hechos a la comparación con Formosa. Que se publiquen las cuentas. Que se investiguen las amenazas hasta establecer responsabilidades. Y que quienes gobiernan acepten que pueden perder una elección y entregar el poder.
Las tres cosas deberían ser normales en una provincia democrática.