El proyecto enviado por el gobernador Jaldo a la Legislatura desató fuertes cuestionamientos de la oposición. El legislador Claudio Viña denunció que se pretende otorgar al Poder Ejecutivo amplias facultades para modificar partidas, tomar deuda y administrar recursos de las 93 comunas rurales. Desde el Gobierno defienden la iniciativa y destacan que contempla equilibrio fiscal y un leve superávit
El Presupuesto 2027 de Tucumán todavía no fue aprobado, pero ya abrió una fuerte controversia política sobre el destino de los fondos públicos, el endeudamiento provincial y los mecanismos de control sobre los recursos del Estado.
La iniciativa, enviada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, contempla gastos por $7.350.180 millones, equivalentes a unos $7,35 billones, para el funcionamiento de la Administración provincial durante el próximo año.
El proyecto se encuentra bajo análisis de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, presidida por Carlos Gallia, y podría llegar al recinto durante diciembre.
Sin embargo, la oposición ya comenzó a cuestionar algunos de sus artículos, al considerar que podrían concentrar mayores facultades financieras en manos del Poder Ejecutivo y reducir la intervención legislativa en el control de los recursos.
Las 93 comunas rurales, en el centro de la polémica
Uno de los cuestionamientos más fuertes fue formulado por el legislador Claudio Viña, único representante opositor en la comisión que estudia el proyecto. El parlamentario puso especial atención en el tratamiento presupuestario de las 93 comunas rurales de la provincia.
Según su interpretación, la iniciativa contempla excepciones a la aplicación de la Ley de Administración Financiera Nº 6.970 para esas administraciones, lo que podría debilitar los mecanismos de control.
Viña acusó al oficialismo de pretender utilizar las comunas como instrumentos de administración discrecional de recursos públicos. Sus declaraciones constituyen una denuncia política sobre los riesgos que atribuye al proyecto. No implican que se haya acreditado judicialmente un desvío de fondos.
La controversia adquiere especial importancia porque las comunas administran recursos destinados a servicios, infraestructura y necesidades cotidianas de miles de tucumanos.
Endeudamiento: autorizaciones por hasta USD 250 millones
Otro de los puntos que encendió la discusión es la posibilidad de que el Ejecutivo provincial acceda a nuevas operaciones de financiamiento.
Viña cuestionó que el proyecto contemple una autorización de endeudamiento equivalente al 10% del gasto provincial, aproximadamente $730.000 millones. Además, señaló que el artículo 17 habilitaría operaciones de deuda en moneda extranjera por hasta 250 millones de dólares, con afectación de recursos provenientes de la coparticipación nacional.
La existencia de estas autorizaciones no significa que el Gobierno haya contraído efectivamente esas deudas. Sin embargo, para la oposición, la amplitud de las facultades previstas exige una discusión legislativa más profunda sobre sus condiciones, destinos y mecanismos de supervisión.
¿Podrá el Gobierno modificar partidas sin autorización previa?
El legislador también cuestionó el artículo 12, que, según su interpretación, permitiría al Ejecutivo incrementar partidas presupuestarias mediante una comunicación posterior a la Legislatura.
Otro punto observado es el artículo 15, referido a la posibilidad de ampliar los presupuestos de organismos autárquicos mediante aportes no reintegrables.
Viña también puso bajo la lupa el artículo 27, relacionado con adecuaciones presupuestarias que podría realizar la Secretaría de Hacienda a partir de modificaciones de la estructura administrativa.
El dirigente sostiene que estas disposiciones podrían disminuir la capacidad del Poder Legislativo para decidir y supervisar el destino de los recursos públicos.
El alcance jurídico de esas facultades deberá analizarse durante el tratamiento parlamentario. Hasta el momento, no existe una declaración judicial que establezca su inconstitucionalidad.
Jaldo defiende el equilibrio fiscal y un presupuesto sin ajuste
Desde el Gobierno provincial presentan una interpretación diferente. Durante la presentación de la iniciativa, Jaldo sostuvo que se trata de un presupuesto elaborado con esfuerzo económico y financiero, orientado a mantener el equilibrio de las cuentas públicas.
El proyecto contempla un superávit estimado de $304,5 millones, una diferencia pequeña en relación con el volumen total de recursos.
El ministro Daniel Abad explicó que el gasto previsto aumentaría un 17,8% respecto del presupuesto vigente, que alcanza aproximadamente $6,24 billones después de sus ampliaciones.
Ese incremento se ubicaría levemente por debajo de la pauta inflacionaria nacional del 18% utilizada como referencia para 2027.
El oficialismo sostiene que el objetivo es garantizar el funcionamiento del Estado sin comprometer el equilibrio fiscal.
Catalán también cuestionó las prioridades del gasto
La discusión presupuestaria sumó otro protagonista: Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza en Tucumán. El dirigente cuestionó las prioridades de la Administración provincial y sostuvo que el Gobierno debería destinar más recursos a infraestructura, servicios públicos y reducción de la presión impositiva.
Catalán mencionó problemas vinculados con inundaciones, establecimientos educativos y servicios básicos, y reclamó mayor transparencia sobre los fondos administrados por las comunas.
Sus críticas se incorporan a una discusión política que adquiere especial relevancia por la proximidad de las elecciones provinciales de 2027.
El verdadero debate: quién decide y quién controla los recursos
Más allá de las diferencias entre oficialismo y oposición, el tratamiento del Presupuesto 2027 plantea preguntas fundamentales sobre la administración de los fondos provinciales.
¿Cuánto dinero se destinará efectivamente a obras públicas? ¿Qué mecanismos permitirán controlar los recursos de las comunas rurales? ¿En qué condiciones podrá endeudarse la provincia? ¿Qué intervención tendrá la Legislatura cuando el Ejecutivo decida modificar partidas?
Las respuestas dependerán tanto del texto definitivo que se apruebe como de los mecanismos de información y fiscalización que se apliquen durante su ejecución.
El presupuesto no es solamente una previsión de ingresos y gastos. Es también la herramienta que establece las prioridades del Estado para el año siguiente.
En una provincia que enfrenta necesidades de infraestructura, servicios públicos, salud, educación y generación de empleo, el destino de cada partida adquiere especial importancia.
La discusión de fondo será cómo compatibilizar la capacidad del Gobierno para administrar los recursos con la obligación de garantizar controles efectivos, transparencia y rendición de cuentas.
Mientras tanto, el proyecto continuará su recorrido legislativo, en medio de un debate que promete intensificarse a medida que se acerque el año electoral.