La conducción de la Asociación de Magistrados de Tucumán busca apartar a la Jueza Inés Yamúss, quien ordenó revisar documentación contable y movimientos bancarios de la institución. La magistrada rechazó las acusaciones y calificó el planteo de absurdo. La controversia se suma a las sospechas sobre gastos millonarios y a la suspensión de las elecciones internas
Por la redacción de SIN CODIGO TUCUMÁN
Un nuevo capítulo sacude a la Justicia tucumana. La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) presentó una recusación contra la Jueza Inés de los Ángeles Yamúss, quien interviene en la causa que pone bajo la lupa los balances y las cuentas bancarias de la entidad.
La presentación fue impulsada por la conducción de la asociación, encabezada por Marcela Ruiz y Jorge Jakobsen, luego de que la magistrada ordenara exhibir documentación financiera correspondiente al ejercicio 2025.
Se trata del segundo Juez cuestionado en este expediente. Anteriormente, la institución había recusado a Pedro Yane Mana, quien también había exigido la presentación de documentación contable.
Un mensaje de WhatsApp desató la polémica
El nuevo conflicto comenzó durante una diligencia judicial realizada el 27 de octubre. El abogado de la asociación, Luis Alejandro Medina, cuestionó un mensaje de WhatsApp enviado por una funcionaria judicial, mediante el cual se le comunicó que una inspección prevista para esa mañana no sería suspendida.
La defensa considera que esa comunicación demuestra que la Jueza había anticipado una decisión antes de resolver formalmente el pedido presentado por la institución. Sin embargo, Yamúss rechazó categóricamente esa interpretación y sostuvo que todas sus decisiones fueron adoptadas dentro del proceso judicial.
La magistrada calificó el planteo de absurdo y advirtió que las recusaciones no pueden utilizarse para apartar jueces simplemente porque sus resoluciones resultan desfavorables para alguna de las partes.
Ahora será la Cámara de Apelaciones la que deberá decidir si Yamúss continúa interviniendo en la causa.
Gastos millonarios y documentación bajo sospecha
El conflicto tiene su origen en una demanda presentada por la Jueza Ana María Iacono, quien cuestionó la aprobación del balance 2025 de la asociación sin haber podido acceder previamente a los comprobantes respaldatorios.
Durante las inspecciones judiciales surgieron observaciones sobre documentación administrativa y financiera.
Entre los elementos señalados figuran:
• Un libro de bancos sin registraciones desde mayo de 2017.
• Planillas de Excel con anotaciones manuscritas.
• Facturas de empresas de medicina prepaga vinculadas con la asociación.
• Un comprobante sin membrete por $6 millones correspondiente a gastos de comida.
También existen cuestionamientos sobre erogaciones realizadas durante 2024, entre ellas más de $22 millones destinados a comestibles y cafetería, según los reclamos formulados por otro magistrado.
Estos gastos son objeto de controversia y su eventual irregularidad deberá ser determinada mediante las actuaciones correspondientes.
La conducción de la AMT rechaza las acusaciones y sostiene que sus gastos responden a actividades, servicios y convenios institucionales.
También están suspendidas las elecciones
La crisis no se limita a las cuentas. La Justicia dispuso suspender cautelarmente las elecciones internas previstas para el 3 de diciembre, ante cuestionamientos sobre la integración del padrón electoral.
La controversia involucra a unos 50 funcionarios judiciales cuya antigüedad como asociados es discutida y podría influir en su habilitación para participar del proceso electoral.
De esta manera, la entidad enfrenta simultáneamente una disputa por sus balances, un proceso electoral paralizado y nuevos planteos contra los jueces que intervienen en los expedientes.
Una crisis que golpea la imagen de la Justicia
La Asociación de Magistrados reúne a integrantes del Poder Judicial tucumano, por lo que las controversias sobre su administración generan especial repercusión institucional.
Mientras la conducción defiende su actuación, otros magistrados reclaman mayor acceso a la documentación y explicaciones sobre el manejo de los recursos.
La pregunta que permanece abierta es por qué una entidad integrada por quienes administran Justicia enfrenta tantas dificultades para resolver sus propias controversias contables e institucionales.
Por ahora, no existe una resolución judicial que determine responsabilidades por los gastos cuestionados.
La próxima definición estará en manos de la Cámara de Apelaciones, que deberá resolver el pedido de apartamiento de Yamúss.
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