La Justicia tucumana resolvió que continúe la investigación contra Fernando Rogel Chaler, acusado de estar vinculado con presuntas irregularidades en la comercialización de terrenos fiscales ubicados en la Reserva Natural La Angostura. Además, extendió las medidas de protección sobre las tierras involucradas
La polémica por la presunta venta irregular de tierras fiscales en El Mollar sumó un nuevo capítulo judicial. La Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del exfuncionario Fernando Rogel Chaler, investigado por su presunta participación en operaciones vinculadas con terrenos pertenecientes al patrimonio público provincial.
La causa se concentra en el emprendimiento inmobiliario conocido como Loteo Gaucho Castro, ubicado en una zona de especial valor ambiental dentro de la Reserva Natural La Angostura.
La investigación continuará
Con esta resolución, el exfuncionario seguirá vinculado al proceso penal mientras se profundizan las actuaciones destinadas a determinar si existieron maniobras irregulares en la comercialización de los terrenos.
La decisión judicial no implica una condena ni establece su culpabilidad, pero mantiene abierta la investigación.
Además, la Justicia dispuso prorrogar por cuatro meses las medidas de protección sobre los terrenos, que permanecerán bajo custodia provincial para evitar nuevas intervenciones mientras avanza el expediente.
Tierras públicas y posibles irregularidades
El caso genera preocupación por tratarse de terrenos fiscales ubicados en un área natural protegida, donde cualquier operación inmobiliaria debe respetar las disposiciones legales y ambientales correspondientes.
Los investigadores buscan esclarecer cómo se realizaron las operaciones cuestionadas, qué autorizaciones existieron y cuáles fueron las responsabilidades de las personas involucradas.
Un caso que vuelve a poner en debate los controles del Estado
La investigación sobre el Loteo Gaucho Castro trasciende la situación particular del exfuncionario.
También plantea interrogantes sobre los mecanismos utilizados para controlar, proteger y administrar las tierras fiscales de Tucumán, especialmente aquellas ubicadas en zonas de alto valor turístico y ambiental.
Por ahora, la Justicia decidió que la causa continúe y que los terrenos permanezcan protegidos. La responsabilidad penal de los investigados deberá determinarse a partir de las pruebas reunidas durante el proceso.
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