El organismo de control ratificó cargos fiscales contra autoridades y ex autoridades de Los Nogales, Santa Cruz y La Tuna, y La Trinidad, por observaciones en la rendición de gastos públicos. Los expedientes corresponden a distintos períodos entre 2017 y 2022. El caso vuelve a poner en discusión cómo se administra y controla el dinero en las 93 comunas rurales de Tucumán
El manejo de los fondos públicos en las Comunas Rurales de Tucumán vuelve a quedar bajo la lupa. El Tribunal de Cuentas (TC) de la Provincia ratificó cargos fiscales por un total de $48.092.320,52 contra funcionarios y exfuncionarios de tres administraciones comunales, tras detectar observaciones en la rendición de recursos públicos.
Las actuaciones involucran a las comunas de Los Nogales, Santa Cruz y La Tuna, y La Trinidad, por gastos correspondientes a diferentes períodos de 2017, 2021 y 2022.
Las resoluciones fueron dictadas entre el 26 y el 27 de octubre y contemplan la continuidad de los procedimientos destinados a recuperar los importes reclamados.
Las tres comunas cuestionadas
Los cargos fiscales ratificados se distribuyen de la siguiente manera:
• Los Nogales: aproximadamente $27,2 millones.
• Santa Cruz y La Tuna: aproximadamente $8,4 millones.
• La Trinidad: aproximadamente $12,3 millones.
En conjunto, los reclamos superan los $48 millones, sin contar las actualizaciones que pudieran corresponder. Los montos surgen de observaciones realizadas por el organismo de control sobre la documentación presentada para justificar la utilización de recursos públicos.
La ratificación de los cargos se produjo luego del tratamiento de recursos administrativos y pedidos formulados por los responsables alcanzados.
¿Qué significa un cargo fiscal?
Un cargo fiscal es una determinación administrativa mediante la cual el Tribunal de Cuentas establece que un funcionario o responsable debe responder por fondos públicos cuya utilización no fue debidamente justificada, de acuerdo con las actuaciones del organismo. Esto puede derivar en procedimientos de recupero de dinero.
Sin embargo, es importante distinguir una responsabilidad administrativa o patrimonial de una condena penal. La existencia de un cargo fiscal no significa automáticamente que se haya demostrado un delito de corrupción o que exista una sentencia penal contra los involucrados.
Un problema que va más allá de tres comunas
El caso vuelve a colocar en el centro de la discusión el funcionamiento de las 93 comunas rurales de Tucumán. Estas administraciones reciben recursos públicos para prestar servicios, mantener caminos, realizar obras y atender necesidades de sus comunidades.
Pero el control de esos fondos depende de sistemas contables, comprobantes y mecanismos de fiscalización que permitan conocer con precisión cómo se utiliza cada peso.
Según observaciones incluidas en el informe sobre la Cuenta de Inversión 2025, las comunas rurales presentan debilidades en sus registros contables y dificultades para contar con información financiera suficientemente confiable.
Esta situación plantea interrogantes sobre la capacidad de fiscalización del Estado y la transparencia de las administraciones locales.
¿Quién controla el dinero que reciben las comunas?
El TC es el organismo encargado de controlar la legalidad de los gastos públicos y examinar las rendiciones de los responsables de administrar recursos estatales. Cuando detecta documentación insuficiente o gastos que no cumplen los requisitos correspondientes, puede formular observaciones, iniciar actuaciones y determinar responsabilidades patrimoniales.
En los expedientes ahora conocidos, el organismo ratificó los cargos y avanzó con los mecanismos administrativos de recupero. Todavía resta establecer cuánto dinero será efectivamente recuperado y si existen otras instancias de revisión pendientes.
Transparencia y rendición de cuentas
La situación abre un debate que trasciende los casos particulares. Las comunas rurales administran fondos provenientes del Estado provincial y tienen la obligación de rendir cuentas sobre su destino.
El problema no se limita a determinar si un gasto fue realizado, sino también si estuvo debidamente autorizado, documentado y destinado a los fines correspondientes.
Para los ciudadanos, la transparencia implica poder conocer cuánto dinero recibe cada comuna, qué obras ejecuta, qué servicios financia y cuáles son los resultados de esa inversión.
Las preguntas que todavía esperan respuestas
Las resoluciones del TC dejan varios interrogantes de interés público.
¿Cuánto dinero fue recuperado hasta el momento? ¿Qué funcionarios y exfuncionarios deben responder por cada cargo? ¿Qué controles se aplicaron después de las observaciones? ¿Cuántas comunas mantienen rendiciones pendientes?
También resulta necesario conocer si las administraciones involucradas adoptaron medidas para corregir las deficiencias detectadas.
El dinero de las comunas es dinero público. Por eso, más allá de los cargos fiscales ratificados, el desafío es garantizar que cada administración pueda demostrar de manera clara y verificable cómo utiliza los recursos que recibe.
El caso de Los Nogales, Santa Cruz y La Tuna, y La Trinidad vuelve a poner sobre la mesa una discusión pendiente en Tucumán: la necesidad de fortalecer los controles, modernizar los sistemas contables y garantizar una rendición de cuentas transparente en todas las comunas rurales.
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