La Justicia frenó los comicios previstos para el 3 de diciembre por una disputa sobre quiénes tienen derecho a votar. Pero el conflicto es más profundo: también existen cuestionamientos sobre el manejo de fondos y los balances de la entidad que agrupa a jueces y funcionarios judiciales. Las claves para entender qué está pasando en Tribunales
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán atraviesa una fuerte crisis interna que terminó trasladándose a los tribunales. La situación llegó a tal punto que la propia Justicia debió intervenir para suspender las elecciones destinadas a renovar las autoridades de la institución.
La decisión fue adoptada por la Cámara en lo Civil y Comercial, que hizo lugar a una medida cautelar presentada por la camarista Malvina Seguí, quien aspira a presidir la entidad.
Pero ¿qué ocurrió y por qué se habla de un escándalo dentro de la Justicia tucumana?
¿Qué es la Asociación de Magistrados y por qué importa?
Es una entidad que reúne a jueces, fiscales, defensores y otros integrantes del ámbito judicial tucumano. Su función es representar intereses profesionales e institucionales de sus asociados.
Actualmente atraviesa un proceso de renovación de autoridades, pero las diferencias internas sobre las reglas electorales y la administración de sus recursos terminaron generando distintas presentaciones judiciales.
El primer conflicto: unos 50 votos bajo sospecha
El principal motivo de la suspensión electoral es una discusión sobre el padrón.
La camarista Malvina Seguí denunció que la conducción de la asociación pretende permitir que aproximadamente 50 funcionarios judiciales, incorporados como socios adherentes, participen de las elecciones sin cumplir la antigüedad exigida por el estatuto.
La diferencia surge de cómo se cuentan los cuatro años necesarios para adquirir derechos electorales. La conducción sostiene que ese plazo debe calcularse desde la incorporación de los funcionarios, a partir de 2021.
Seguí, en cambio, argumenta que debe contarse desde octubre de 2025, cuando se publicó oficialmente la reforma del estatuto.
La discusión no es menor: el padrón habitual ronda los 200 votantes y la incorporación de otros 50 podría modificar significativamente el resultado electoral.
Por ese motivo, la Cámara decidió suspender preventivamente las elecciones del 3 de diciembre hasta que se resuelva quiénes están legalmente habilitados para participar.
El segundo conflicto: las cuentas de la asociación
Paralelamente, otra causa judicial investiga cuestionamientos relacionados con la documentación contable de la institución.
La Jueza Ana María Iacono presentó una demanda contra la aprobación del balance correspondiente a 2025, al sostener que no pudo acceder a los comprobantes necesarios para controlar determinados gastos.
A partir de ese planteo, la Jueza Inés Yamuss ordenó revisar documentación financiera de la asociación.
El 27 de octubre, la entidad debió exhibir extractos bancarios y registros contables correspondientes al ejercicio investigado.
También surgieron cuestionamientos sobre gastos, comprobantes y el funcionamiento de los mecanismos internos de control.
Es importante aclarar que estas actuaciones buscan verificar la documentación y determinar si existieron irregularidades. Hasta el momento, las denuncias no equivalen a una condena ni demuestran por sí mismas la comisión de delitos.
¿Quién conduce la asociación y qué responde?
La institución está presidida por Marcela Ruiz, actualmente de licencia, mientras que Jorge Jakobsen ejerce funciones al frente de la conducción.
Las autoridades rechazaron los cuestionamientos y defendieron la validez de las decisiones adoptadas.
En materia electoral, sostienen que la incorporación de los funcionarios como socios adherentes fue aprobada en 2021 y que desde entonces debe computarse su antigüedad.
Respecto de las cuentas, la conducción también cuestionó distintos requerimientos y defendió los procedimientos internos de administración y fiscalización.
¿Qué resolvió concretamente la Justicia?
La Cámara en lo Civil y Comercial ordenó detener el proceso electoral, incluyendo la confección de padrones, la oficialización de listas, la votación y la proclamación de autoridades.
La resolución fue firmada por las camaristas Florencia Natalia Presti y María Soledad Monteros. La suspensión es preventiva: no significa que la Justicia haya determinado que existió fraude electoral.
El Tribunal consideró necesario evitar que se realice una elección con votantes cuya habilitación legal todavía está discutida.
Ahora deberá dictarse una resolución sobre el fondo del conflicto para establecer cómo debe confeccionarse el padrón.
¿Por qué el caso genera tanta repercusión?
Porque las controversias se producen dentro de una institución integrada por quienes tienen responsabilidades fundamentales en la administración de Justicia.
La entidad enfrenta simultáneamente una disputa por sus elecciones y reclamos judiciales vinculados con la transparencia de sus cuentas.
El conflicto también pone en discusión los mecanismos internos de control y la necesidad de garantizar reglas claras para elegir autoridades.
¿Qué puede pasar ahora?
Las elecciones permanecerán suspendidas hasta que la Justicia resuelva la controversia electoral.
Por separado, continuará el proceso relacionado con la documentación contable y la aprobación del balance de 2025.
Ambos expedientes tienen objetivos diferentes: uno busca determinar quiénes pueden votar y el otro examina cuestionamientos sobre la administración de recursos.
En definitiva, el conflicto puede resumirse en dos preguntas: quiénes tienen derecho a elegir a las autoridades de la Asociación de Magistrados y si la conducción rindió correctamente las cuentas de la institución.
Las respuestas deberán surgir de las resoluciones judiciales pendientes.
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