El Tribunal de Cuentas de Tucumán abrió un juicio de responsabilidad por contrataciones de auditorías externas realizadas durante la anterior gestión de la entidad. Detectó un conflicto de intereses entre un gerente de la Caja Popular y su hermano, socio del estudio contable contratado. Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público Fiscal para evaluar posibles responsabilidades penales
Un nuevo escándalo por el manejo de fondos públicos sacude a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. El Tribunal de Cuentas dispuso abrir un juicio de responsabilidad para determinar las consecuencias patrimoniales de una serie de contrataciones de auditorías externas que representaron pagos por $215.108.096,20 entre noviembre de 2023 y mayo de 2026.
La decisión quedó plasmada en el Acuerdo Nº4205, fechado el 28 de octubre y publicado este jueves 29, mediante el cual el organismo de control dio por concluida una investigación preliminar y ordenó avanzar sobre las posibles responsabilidades de autoridades y ex autoridades de la institución.
El caso involucra contrataciones realizadas con el Estudio Contable Concilio & Sarralde S.A.S., cuyos servicios fueron cuestionados por presuntas incompatibilidades profesionales y conflictos de intereses.
Una auditoría que quedó bajo sospecha por vínculos familiares
Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es la relación familiar entre uno de los responsables del estudio contratado y un funcionario de la propia Caja Popular.
Según las actuaciones del Tribunal de Cuentas, el Contador Octavio Nicolás Concilio, socio gerente de Concilio & Sarralde S.A.S., es hermano de Francisco Concilio, gerente del Departamento de ART de la entidad provincial.
El organismo consideró que ese vínculo comprometía la independencia profesional necesaria para realizar auditorías externas sobre las operaciones de la institución.
La situación adquirió mayor gravedad porque el estudio también habría intervenido en la elaboración de registraciones contables que posteriormente debía auditar. En otras palabras, la firma participaba en la preparación de información financiera sobre la cual después emitía sus propios informes de control.
Para el Tribunal de Cuentas, esa modalidad afectaba la objetividad que debe garantizar una auditoría independiente.
Más de $215 millones en pagos cuestionados
La investigación identificó dos grupos de desembolsos realizados al estudio contable.
El primero corresponde a un pago de $14.502.293 efectuado en noviembre de 2023, relacionado con trabajos de auditoría de estados contables. El segundo comprende pagos por $200.605.803,20, distribuidos en 28 facturas correspondientes a servicios prestados entre marzo de 2024 y mayo de 2026.
En conjunto, las operaciones alcanzaron los $215.108.096,20 que ahora forman parte del procedimiento de responsabilidad patrimonial.
El Tribunal de Cuentas considera que los cuestionamientos a la independencia del estudio comprometen la validez técnica de los trabajos realizados. Sin embargo, el monto definitivo de un eventual perjuicio económico y las responsabilidades individuales deberán establecerse durante el procedimiento correspondiente.
Cuatro autoridades y ex autoridades bajo investigación
El Acuerdo Nº4205 dispuso avanzar con un juicio de responsabilidad que involucra a cuatro personas vinculadas con la administración de la Caja Popular. Se trata de José César Díaz, ex interventor de la entidad; Miguel Darío Amatti, ex subinterventor; Pablo Daniel Díaz Sánchez, gerente general interino; y Francisco Concilio, gerente del Departamento de ART.
El organismo designó al abogado fiscal Pablo Cainzo como instructor del procedimiento.
Los involucrados deberán tener oportunidad de presentar sus descargos y ejercer su derecho de defensa antes de que se determine una eventual responsabilidad patrimonial. La apertura de este proceso no constituye una condena penal ni implica que se haya establecido definitivamente la responsabilidad de las personas mencionadas.
Un contrato que contemplaba $45 millones mensuales
Otro de los puntos que despertó cuestionamientos fue una contratación que contemplaba honorarios de $45 millones mensuales más IVA durante cinco años. La cifra representaba un incremento considerable respecto de los valores que se venían abonando anteriormente.
Según la documentación examinada, ese contrato fue posteriormente anulado antes de comenzar su ejecución, por lo que no generó pagos bajo esas condiciones. No obstante, las características del procedimiento de contratación y la participación de distintos funcionarios también quedaron comprendidas en las observaciones del organismo de control.
La investigación también llegó al Ministerio Público Fiscal
Además de abrir el juicio de responsabilidad, el Tribunal de Cuentas dispuso remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal. El objetivo es que la Justicia evalúe si las irregularidades administrativas detectadas pueden configurar delitos y si corresponde impulsar una investigación penal.
La intervención judicial no significa que exista una condena ni que todas las personas mencionadas hayan cometido un delito. Será responsabilidad de los organismos competentes determinar si hubo conductas penalmente relevantes y reunir las pruebas necesarias.
El impacto político de la investigación
El caso también tiene una dimensión política porque las contrataciones cuestionadas corresponden a la etapa en la que José Díaz conducía la Caja Popular, una gestión vinculada políticamente con el diputado nacional Carlos Cisneros.
La entidad provincial ha sido escenario de disputas internas y cuestionamientos sobre la administración de sus recursos, especialmente durante los cambios de conducción. Sin embargo, las vinculaciones políticas no constituyen por sí mismas prueba de participación en las irregularidades investigadas.
La resolución del Tribunal de Cuentas vuelve a colocar en discusión los mecanismos de contratación, la transparencia administrativa y la independencia de los controles sobre los fondos públicos.
¿Quién controla a quienes deben controlar?
Más allá de las responsabilidades individuales que puedan determinarse, el caso plantea un interrogante institucional de fondo: cómo garantizar que las auditorías externas sean verdaderamente independientes de las autoridades y de las áreas que deben examinar.
La contratación de estudios profesionales vinculados familiarmente con funcionarios de los organismos auditados puede comprometer la credibilidad de los controles y generar conflictos de intereses.
Por eso, el avance de este procedimiento será importante no solamente para establecer el destino de los fondos cuestionados, sino también para revisar los mecanismos de contratación de servicios profesionales en instituciones públicas.
La Caja Popular enfrenta ahora una investigación por pagos superiores a $215 millones cuya legitimidad fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas. El desafío será determinar cuánto dinero pudo haberse perjudicado, quiénes deben responder por las contrataciones y qué medidas se adoptarán para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.