La Justicia investigó a dos mujeres vinculadas con un centro terapéutico de San Miguel de Tucumán. Una de ellas habría realizado tratamientos psicológicos sin contar con título universitario ni matrícula profesional, mientras que la directora del establecimiento fue acusada de facilitar la maniobra. La Fiscalía estimó un perjuicio económico cercano a los $3,5 millones. Ambas accedieron a una probation y deberán afrontar una reparación de $8 millones y realizar tareas comunitarias
Un caso que genera indignación y preocupación entre las familias tucumanas llegó a la Justicia luego de que se descubriera una presunta maniobra de ejercicio ilegal de la psicología y estafa en un centro terapéutico que atendía a niños con trastorno del espectro autista (TEA).
La investigación del Ministerio Público Fiscal apuntó contra dos mujeres vinculadas con el Centro Terapéutico Educatea, ubicado en Don Bosco al 3900, en San Miguel de Tucumán.
Según la acusación, una de ellas brindaba tratamientos psicológicos sin contar con título universitario ni matrícula habilitante, mientras que la responsable del establecimiento habría permitido esa situación y facilitado la facturación de las prestaciones ante obras sociales.
Los hechos investigados se extendieron durante casi tres años, entre abril de 2022 y febrero de 2025.
Una falsa profesional frente a niños que necesitaban atención especializada
La principal acusada por el presunto ejercicio ilegal de la profesión es Romina del Carmen Soldevilla.
De acuerdo con la investigación encabezada por el Fiscal Diego Hevia, la mujer atendió a dos niños con autismo en el área de psicología del establecimiento, pese a no contar con las habilitaciones necesarias para ejercer como psicóloga.
La Fiscalía sostuvo que Soldevilla realizaba sesiones de psicoterapia, participaba en reuniones escolares como integrante del equipo terapéutico y firmaba documentación institucional relacionada con el seguimiento de los menores.
También se habría presentado como profesional ante las familias, las instituciones educativas y otros integrantes del equipo interdisciplinario.
El punto más delicado es que los padres confiaban en que sus hijos estaban recibiendo atención de una especialista debidamente acreditada.
La directora del centro también quedó bajo investigación
La causa también involucró a Marina Roxana Álvarez, propietaria y directora del Centro Terapéutico Educatea.
Según la acusación fiscal, Álvarez conocía que Soldevilla no poseía título habilitante ni matrícula profesional y, pese a ello, habría permitido que continuara atendiendo a los pacientes.
Los investigadores le atribuyeron haber facilitado las instalaciones, la organización de los turnos y el funcionamiento institucional necesario para que la mujer desarrollara actividades propias de la psicología.
La Fiscalía consideró que esa colaboración habría resultado fundamental para sostener la presunta maniobra.
Facturaban tratamientos a las obras sociales
La investigación también detectó una posible irregularidad económica.
De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, las prestaciones realizadas por la mujer que no estaba habilitada habrían sido incorporadas al sistema de facturación del centro.
La directora fue acusada de haber presentado, o dispuesto que se presentaran, documentación y facturas ante obras sociales por servicios psicológicos que no habrían sido brindados por una profesional legalmente autorizada.
El perjuicio económico estimado por la Fiscalía fue de casi $3,5 millones.
Por estos hechos, Soldevilla fue acusada de usurpación de títulos y honores, mientras que Álvarez enfrentó una imputación por participación en ese delito y estafa, en concurso real.
Acordaron pagar $8 millones y realizar tareas comunitarias
Pese a la gravedad de las acusaciones, la causa tuvo una salida judicial alternativa.
Las dos imputadas, asistidas por el abogado Macario Santamarina, solicitaron acceder a una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation.
El acuerdo contempla una reparación económica total de $8 millones, distribuida en partes iguales: $4 millones a cargo de cada una.
Además, deberán realizar tareas comunitarias durante 12 meses en los movimientos juveniles de los colegios Tulio y Lorenzo Maza.
La medida fue informada por la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás, siguiendo las instrucciones del fiscal Diego Hevia.
La probation permite suspender el proceso penal mientras las personas imputadas cumplen las obligaciones establecidas.
Si satisfacen las condiciones y los demás requisitos legales, la acción penal podrá extinguirse sin una condena. En caso de incumplimiento, el procedimiento judicial podrá reanudarse.
Es importante aclarar que la probation no constituye una declaración judicial de culpabilidad.
¿Quién controla a los profesionales que atienden a niños con discapacidad?
Más allá de la resolución judicial, el caso abre interrogantes sobre los mecanismos de control de los centros que brindan tratamientos a niños con discapacidad.
Las familias que recurren a estos establecimientos depositan su confianza en profesionales que deben contar con formación académica y habilitación legal.
La atención psicológica requiere conocimientos específicos, responsabilidad profesional y supervisión adecuada.
Por eso, el caso plantea preguntas que exceden a las dos personas investigadas.
¿Cómo se verifican los títulos y las matrículas de quienes atienden a los pacientes? ¿Qué controles existen sobre los tratamientos facturados a las obras sociales? ¿Quién supervisa que los servicios anunciados sean efectivamente prestados por profesionales habilitados?
Son interrogantes que merecen respuestas para evitar que situaciones similares puedan repetirse.
Una causa que deja preocupación entre las familias
La investigación judicial permitió conocer una presunta maniobra que se habría desarrollado durante casi tres años dentro de un establecimiento dedicado a la atención terapéutica.
Aunque las acusadas accedieron a una salida alternativa al juicio, el episodio deja planteado un problema de fondo: la necesidad de garantizar que los niños reciban tratamientos de profesionales legalmente habilitados.
La confianza de las familias, especialmente cuando se trata de la atención de niños con discapacidad, exige controles efectivos, transparencia y responsabilidad.
El caso de Educatea vuelve a poner bajo la lupa no solamente la conducta de las personas investigadas, sino también los mecanismos destinados a proteger a quienes necesitan atención especializada.