El proyecto obtuvo 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. Las modificaciones sobre cobertura médica y financiamiento permitieron sumar respaldo opositor. La iniciativa pasa ahora al Senado
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que establece un nuevo régimen para el sistema de discapacidad, después de una negociación que se extendió hasta las últimas horas del debate. La Libertad Avanza aceptó modificaciones reclamadas por aliados y opositores y consiguió una mayoría que superó los dos tercios de los votos.
El resultado le permitió al oficialismo avanzar con su propuesta para establecer un marco permanente, frente a la alternativa opositora que planteaba prorrogar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. El entendimiento incorporó a sectores del peronismo que inicialmente impulsaban esa extensión.
Uno de los puntos que destrabaron el acuerdo fue la cobertura sanitaria. La versión final contempla el acceso a las prestaciones básicas tanto para titulares de pensiones por invalidez laboral como para quienes reciben pensiones por discapacidad. También se incorporaron precisiones presupuestarias para sostener esa atención.
Entre las disposiciones centrales, el proyecto mantiene una pensión equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y permite compatibilizarla con un empleo registrado, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. Además, preserva el nomenclador unificado de prestaciones y contempla la actualización de los aranceles.
La negociación también tuvo un capítulo decisivo en el financiamiento. El texto corregido asigna los recursos al Ministerio de Salud e incluye al programa de atención médica de beneficiarios de pensiones no contributivas entre las partidas protegidas. Esa definición respondió a los pedidos de garantías sobre los fondos necesarios para aplicar el nuevo régimen.
El amplio acompañamiento no eliminó los cuestionamientos. Durante la discusión, legisladores opositores expresaron dudas sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos y advirtieron que la aprobación parlamentaria deberá traducirse en respuestas para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores.
La iniciativa todavía no es ley: deberá ser debatida por el Senado. Allí se definirá si el acuerdo alcanzado en Diputados se mantiene o si el proyecto recibe nuevas modificaciones antes de completar su recorrido legislativo.