Tres hombres quedaron detenidos con prisión preventiva, acusados de utilizar identidades comerciales de empresas reconocidas para realizar compras millonarias de aceites, baterías y repuestos. La Justicia investiga una sofisticada maniobra que habría permitido retirar mercadería sin pagarla. No descartan la participación de otros involucrados
Una investigación judicial puso al descubierto una presunta organización dedicada a cometer estafas millonarias contra empresas tucumanas mediante la utilización de cheques falsificados y la suplantación de identidades comerciales.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los sospechosos habrían provocado un perjuicio económico superior a los 100 millones de pesos en menos de dos meses, mediante operaciones fraudulentas realizadas entre agosto y octubre.
La Justicia ordenó la prisión preventiva por 30 días de tres hombres identificados como Claudio Alí, Marcelo Gabriel Campero y Martín Guardo Arrébola, mientras los investigadores intentan determinar si existen otros integrantes de la presunta organización y nuevas empresas damnificadas.
Una maniobra cuidadosamente preparada
De acuerdo con la investigación, los acusados no se presentaban como compradores particulares. Por el contrario, simulaban representar a importantes empresas radicadas en otras provincias, especialmente firmas vinculadas con el sector agropecuario.
El detalle no era menor: las compañías cuyos nombres utilizaban contaban con excelentes antecedentes comerciales y financieros. De esta manera, los sospechosos habrían conseguido generar confianza entre los proveedores tucumanos.
Una vez establecido el contacto, solicitaban presupuestos por grandes cantidades de aceites, lubricantes, baterías y repuestos. Posteriormente concretaban las operaciones entregando cheques que aparentaban pertenecer a las empresas representadas.
Pero había un problema: los documentos de pago eran falsos, correspondían a chequeras sin vigencia o habían sido denunciados como robados. Cuando los comerciantes intentaban cobrar los valores, descubrían que habían entregado mercadería por sumas millonarias sin recibir el dinero correspondiente.
Retiraban los productos mediante fletes
La maniobra incluía otro mecanismo para dificultar la identificación de los responsables. Según la Fiscalía, una vez cerrada la compra, los acusados coordinaban el retiro de la mercadería mediante camiones o servicios de transporte contratados para esa finalidad.
En algunas operaciones, los productos eran retirados por los propios involucrados. En otras, intervenían fleteros que, en principio, habrían sido contratados únicamente para trasladar la carga.
Los investigadores sospechan que esta modalidad permitía separar a quienes realizaban las negociaciones de las personas que retiraban físicamente los productos.
La Fiscalía intenta establecer qué destino tenía la mercadería y si existía una estructura organizada para su posterior comercialización.
Un cheque rechazado destapó la investigación
El caso comenzó a esclarecerse cuando una de las empresas damnificadas descubrió que los cheques recibidos habían sido rechazados. Al consultar con el banco emisor, sus responsables comprobaron que los documentos no correspondían a las firmas que supuestamente habían efectuado las compras.
También surgió que uno de los cheques utilizados habría sido denunciado como robado dos años antes. Sin embargo, el episodio más llamativo ocurrió cuando los sospechosos habrían intentado concretar una nueva operación millonaria, incluso después de que la maniobra comenzara a quedar al descubierto.
La empresa afectada alertó a las autoridades y, bajo intervención de los investigadores, se permitió continuar con la operación para realizar un seguimiento del camión encargado de retirar la mercadería. Ese procedimiento aportó elementos importantes para avanzar en la causa.
Tres imputados y una investigación que sigue abierta
La investigación está a cargo del Fiscal Diego López Ávila, con intervención del auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto.
Durante la audiencia judicial se formularon cargos por estafa mediante el uso de documento privado falso, estafa consumada y tentativa de estafa. El Ministerio Público Fiscal solicitó 60 días de prisión preventiva para los tres acusados.
Sin embargo, la Jueza Eliana Gómez Moreira resolvió conceder parcialmente el pedido y ordenó que permanezcan detenidos preventivamente durante 30 días.
Claudio Alí, señalado por la acusación como presunto líder del grupo, negó haber participado en las maniobras y aseguró que no conocía a los otros imputados. Su defensa solicitó el arresto domiciliario por razones familiares, pero la magistrada dispuso la medida de prisión preventiva.
Los tres hombres continúan bajo investigación y conservan su presunción de inocencia.
¿Hay más comerciantes estafados?
Uno de los principales interrogantes que intenta resolver la Justicia es cómo los acusados habrían conseguido los datos comerciales y financieros de empresas reconocidas para utilizarlos en las operaciones.
También se investiga la procedencia de los cheques y la eventual participación de otras personas que todavía no fueron identificadas.
Los investigadores no descartan que, después de hacerse pública la causa, aparezcan nuevas denuncias de comerciantes que hayan sufrido maniobras similares.
El monto total del perjuicio económico también podría modificarse a medida que avance la investigación.
Una modalidad que enciende las alarmas
El caso pone en evidencia los riesgos de las operaciones comerciales realizadas mediante documentos de pago cuya autenticidad no ha sido verificada.
La utilización de nombres de empresas solventes, antecedentes crediticios favorables y servicios de transporte habría permitido construir una apariencia de legalidad que facilitaba las transacciones.
La investigación deberá determinar si los acusados actuaban de manera coordinada, cómo obtenían la información utilizada y qué ocurrió con los productos retirados.
Por ahora, hay tres imputados con prisión preventiva, un perjuicio investigado que supera los $100 millones y una causa que podría ampliarse.
La Justicia tiene por delante el desafío de reconstruir el circuito completo de las operaciones y establecer si detrás de las maniobras existía una organización más extensa.