El Fiscal Fernando Blanno rechazó informar al legislador Manuel Courel sobre el avance de la investigación por la presunta adquisición de una propiedad valuada en más de un millón de dólares. El parlamentario denunció una supuesta protección política, apuntó contra el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, y advirtió que podría impulsar un juicio político
Una nueva polémica sacude a la Justicia tucumana. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendente de Graneros, Raquel Graneros, sumó un capítulo que vuelve a poner bajo la lupa la transparencia judicial y el tratamiento de las denuncias contra funcionarios públicos.
El Fiscal regional Fernando Blanno rechazó el pedido presentado por el legislador provincial, Manuel Courel, quien pretendía conocer qué avances se habían registrado en la investigación iniciada en junio de este año por la supuesta adquisición de una lujosa propiedad en el Country Las Yungas, en Yerba Buena, cuyo valor superaría el millón de dólares.
La respuesta judicial provocó una dura reacción del parlamentario, quien considera que existe una maniobra para impedir que se esclarezca el origen de los fondos presuntamente utilizados en la operación inmobiliaria.
Una denuncia millonaria y una investigación bajo cuestionamiento
La causa comenzó el 9 de junio de 2026, cuando Courel presentó una denuncia penal por un presunto incremento patrimonial injustificado de la intendenta.
El eje de la presentación es una vivienda ubicada en uno de los barrios privados más exclusivos de Yerba Buena, cuya adquisición, según el denunciante, se habría concretado mediante una operación en efectivo superior al millón de dólares.
A más de cuatro meses de aquella presentación, Courel sostiene que no recibió información concreta sobre las medidas investigativas realizadas.
Primero intentó constituirse como querellante, pero la Justicia rechazó esa posibilidad. Posteriormente solicitó un informe sobre el estado de la causa, pedido que también fue denegado.
El fiscal respondió: ser denunciante no significa ser parte
En una resolución de seis páginas, Blanno fundamentó su negativa en el Código Procesal Penal de Tucumán.
El fiscal explicó que la presentación de una denuncia no convierte automáticamente al denunciante en parte del proceso y que, para acceder a determinadas actuaciones, debe acreditarse un interés legítimo, personal y diferenciado.
También sostuvo que la condición de legislador provincial no otorga por sí misma facultades especiales para intervenir en una investigación penal.
Por ese motivo, resolvió no hacer lugar al pedido de Courel.
La decisión constituye una resolución procesal sobre el acceso a la información del expediente. No implica que la denuncia contra Graneros haya sido desestimada ni permite establecer, por sí sola, si la investigación avanzó o permanece paralizada.
Courel apuntó contra el Ministerio Público Fiscal
La respuesta del legislador fue contundente. “Está claro que la están protegiendo”, sostuvo al cuestionar la decisión.
Courel aseguró que la investigación no registra avances sustanciales y acusó al Ministerio Público Fiscal de mantener una actitud que, según su interpretación, favorecería a la funcionaria denunciada.
Sus cuestionamientos alcanzaron directamente al Ministro Fiscal Edmundo Jiménez, a quien señaló como presunto responsable de impedir el avance del expediente.
El legislador anticipó que solicitará una audiencia con Jiménez y que evalúa promover un pedido de Juicio Político contra el fiscal interviniente.
Se trata de acusaciones políticas formuladas por Courel que, hasta el momento, no cuentan con una resolución judicial que confirme la existencia de una maniobra de encubrimiento.
La defensa de Graneros rechazó las acusaciones
La abogada de la intendente, Paula Morales Soria, negó que la propiedad cuestionada pertenezca a Raquel Graneros.
La defensa calificó de falsas las afirmaciones difundidas por el legislador y cuestionó sus reiteradas declaraciones públicas.
Por lo tanto, la supuesta adquisición del inmueble, su titularidad y el origen de los fondos mencionados en la denuncia continúan siendo cuestiones que requieren comprobación.
No existe una sentencia que haya establecido responsabilidad penal de la intendenta.
La pregunta que sigue sin respuesta
Más allá de la disputa entre el denunciante y la Fiscalía, el caso deja planteado un interrogante de evidente interés público: ¿qué medidas concretas se adoptaron para esclarecer la denuncia presentada hace más de cuatro meses?
La legislación procesal establece límites para acceder a una investigación penal, pero la ciudadanía también tiene un interés legítimo en que las denuncias relacionadas con el patrimonio de funcionarios públicos sean investigadas con seriedad, independencia y dentro de plazos razonables.
No se trata de condenar anticipadamente a una intendenta ni de desconocer las garantías legales que le corresponden.
Se trata de que una denuncia de semejante magnitud reciba el tratamiento judicial que corresponde y que las instituciones puedan brindar explicaciones sobre su actuación, dentro de los límites establecidos por la ley.
Porque cuando una denuncia involucra a un funcionario público y cifras millonarias, la transparencia institucional no debería quedar atrapada en una disputa política. La Justicia debe investigar, esclarecer y resolver.