Un relevamiento municipal encendió las alarmas en San Miguel de Tucumán: cientos de edificios no cuentan con el certificado de final de obra y muchos ya están ocupados. La situación reabre el debate sobre los controles, la responsabilidad de las constructoras y la seguridad de quienes viven en esas propiedades
Por la redacción de SIN CODIGO TUCUMÁN
Una cifra que preocupa y una pregunta que exige respuestas: ¿cómo es posible que cientos de edificios de San Miguel de Tucumán no tengan final de obra y que muchos de ellos estén habitados?
Según los datos presentados este miércoles 14 de octubre ante el Concejo Deliberante de la capital tucumana, 254 edificios, de un universo aproximado de 1.450 inmuebles relevados, carecen del certificado de final de obra.
El dato representa cerca del 17,5% de los edificios incluidos en el relevamiento. Pero hay otro número que genera preocupación: más del 60% de los inmuebles observados estarían terminados y habitados.
La información surgió durante una reunión entre concejales y funcionarios municipales de las áreas de Catastro, Defensa Civil y Obras Públicas, en la que se analizó la situación edilicia de la ciudad.
El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, confirmó la existencia de edificios que todavía no completaron los procedimientos administrativos y técnicos exigidos para obtener la certificación correspondiente.
¿Qué significa que un edificio no tenga final de obra?
El certificado de final de obra es el documento que acredita que una construcción completó los procedimientos de verificación exigidos por la normativa municipal.
Su ausencia puede responder a diferentes motivos, desde documentación incompleta hasta modificaciones constructivas que necesitan ser evaluadas.
Sin embargo, es importante aclarar que no contar con ese certificado no significa automáticamente que un edificio esté en peligro de derrumbe o presente fallas estructurales.
Lo que sí significa es que existe una situación pendiente de regularización que debe ser analizada por las autoridades competentes.
Y cuando se trata de inmuebles habitados, la necesidad de establecer su situación administrativa y técnica adquiere especial importancia.
El antecedente de Monteagudo 120
El relevamiento vuelve a poner bajo la lupa los controles municipales después de la explosión ocurrida el pasado 27 de julio en un edificio ubicado en Monteagudo 120, en San Miguel de Tucumán. Aquel episodio dejó una persona fallecida y obligó a evacuar a numerosos vecinos.
Según la información difundida sobre el caso, el inmueble tampoco contaba con el certificado de final de obra.
Aunque esa circunstancia no permite establecer por sí sola las causas de la explosión, el antecedente vuelve a plantear interrogantes sobre las inspecciones y los mecanismos de control.
¿Quién controla y quién se hace responsable?
La situación plantea preguntas que merecen respuestas concretas.
¿Cómo llegaron a ocuparse edificios que todavía no habían obtenido su certificado de final de obra? ¿Qué controles se realizaron durante su construcción? ¿Qué responsabilidades corresponden a las empresas constructoras, a los profesionales intervinientes y a los organismos municipales?
También será necesario determinar cuántos de los 254 edificios presentan únicamente irregularidades administrativas y cuántos requieren inspecciones técnicas adicionales.
Desde el municipio explicaron que algunos casos podrían regularizarse mediante trámites administrativos, mientras que otros necesitarán evaluaciones más profundas.
Asimismo, se aclaró que no están previstos desalojos generalizados como consecuencia del relevamiento.
La seguridad de los vecinos debe estar por encima de cualquier trámite
La información conocida abre un debate que va más allá de los expedientes municipales.
Detrás de cada edificio hay propietarios, inquilinos y familias que necesitan conocer las condiciones de las viviendas que habitan y tener certezas sobre el cumplimiento de las exigencias legales.
La Municipalidad deberá avanzar en la identificación de las situaciones pendientes, establecer prioridades de inspección y comunicar con claridad qué medidas se adoptarán.
Porque una cosa es que falte completar un trámite administrativo y otra muy distinta es que existan problemas de seguridad que todavía no hayan sido detectados.
La diferencia debe determinarse con controles técnicos, no con especulaciones.
En una ciudad donde cientos de edificios figuran sin final de obra, la transparencia y las inspecciones son fundamentales. La pregunta ya no es solamente cuántos inmuebles están en esa situación, sino qué se hará para regularizarlos y garantizar la tranquilidad de quienes viven allí.