La Legislatura sancionó la adecuación provincial a la normativa nacional que establece la imputabilidad desde los 14 años. El debate estuvo atravesado por reclamos de financiamiento, prevención y reinserción social.
La Legislatura de Tucumán aprobó este miércoles, con 44 votos a favor y uno en contra, la creación de un régimen especializado en materia penal juvenil. La iniciativa adapta la normativa provincial a la ley nacional que redujo la edad de imputabilidad a los 14 años e incorpora herramientas para el seguimiento y la reinserción de los adolescentes condenados.
Aunque el proyecto reunió un amplio respaldo del oficialismo y la oposición, varios legisladores advirtieron que su eficacia dependerá de los recursos destinados a su implementación y de las políticas públicas que acompañen su aplicación. Hugo Ledesma fue el único parlamentario que votó en contra.
Sanción y reinserción, los ejes del proyecto
Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión de Legislación General, defendió el dictamen y destacó el trabajo realizado con los distintos poderes del Estado para elaborar una norma aplicable en la provincia.
“Hemos llevado adelante un trabajo con los distintos poderes para que esta adecuación se convierta en una herramienta que pueda ser aplicada”, sostuvo. También manifestó su apoyo a la baja de la edad de imputabilidad, aunque remarcó que la propuesta contempla la resocialización de los adolescentes.
El texto regula la designación de supervisores territoriales, la creación de institutos para menores, el tratamiento de los consumos problemáticos y la continuidad educativa, entre otros aspectos. Para Vargas Aignasse, la iniciativa busca equilibrar la respuesta penal con el acompañamiento necesario para la reinserción social.
“Este proyecto contempla todo”, afirmó, y describió la propuesta como una apuesta por “leyes justas”, más allá de las posiciones de “mano dura” o “mano blanda”.
Reclamos por recursos y aplicación efectiva
Silvia Elías de Pérez acompañó la iniciativa, pero advirtió que la aprobación de una ley no garantiza su cumplimiento. “Nuestra conciencia no puede estar tranquila. Podemos escribir cosas y que no se cumplan”, señaló.
José Cano también valoró la norma y planteó que el principal desafío será convertirla en políticas públicas y resultados concretos. Ambos recordaron una iniciativa de monitoreo legislativo destinada a evaluar la eficacia de las leyes, que había sido aprobada por la Cámara y luego vetada por el gobernador Osvaldo Jaldo por considerar que invadía atribuciones del Ejecutivo.
Agustín Romano Norri condicionó los resultados de la nueva normativa a la disponibilidad de financiamiento. Reclamó recursos para proteger a las víctimas, garantizar la seguridad, reducir la reincidencia y favorecer la reintegración de los adolescentes condenados.
Ricardo Bussi, en tanto, alertó sobre la situación del sistema penitenciario y sostuvo que las cárceles están “colapsadas” como consecuencia de “décadas de desinterés”.
Ledesma justificó su rechazo con cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia provincial. Afirmó que teme una aplicación selectiva de la norma, con un trato diferente para quienes tengan vínculos con el poder.
Diferencias sobre la baja de la edad de imputabilidad
El respaldo al proyecto provincial no eliminó las discrepancias respecto de la ley nacional. Mario Leito y Gabriel Yedlin cuestionaron su orientación, aunque votaron a favor de la adecuación.
Leito calificó la reducción de la edad de imputabilidad como una respuesta “simplista” y sostuvo que, por sí sola, no resolverá los problemas de seguridad. También advirtió sobre el riesgo de reincidencia si los adolescentes atraviesan el encierro sin condiciones adecuadas de reinserción.
Yedlin puso el foco en la desigualdad y en la necesidad de ampliar las oportunidades para todos los jóvenes. “Todo lo que queremos para los menores que están detenidos lo queremos para todos los jóvenes”, expresó.
Vargas Aignasse también cuestionó la forma en que se impulsó la reforma nacional y advirtió que muchas provincias no están preparadas para implementarla.
Otro contrapunto se produjo entre Carolina Vargas Aignasse y Alfredo Toscano. La legisladora vinculó el deterioro de las condiciones de vida, la pobreza y las dificultades educativas con una mayor vulnerabilidad de los adolescentes frente a las organizaciones delictivas. Toscano cuestionó ese planteo por considerarlo estigmatizante y reivindicó la presunción de inocencia.
Con diferencias sobre el enfoque nacional y advertencias sobre su ejecución, la adecuación provincial quedó aprobada por una amplia mayoría. El debate dejó como exigencia central que las herramientas previstas se traduzcan en acciones concretas de prevención, acompañamiento y reinserción.