La Unidad de Información Financiera rechazó la registración de Point Limits SRL, una firma dedicada a los juegos de azar que estuvo vinculada a Adolfo Ángel Ale. La empresa había sido investigada por su presunta utilización para el lavado de dinero y buscaba regularizar su situación para continuar operando. La decisión vuelve a poner bajo la lupa una estructura empresarial que funcionaba desde hace más de una década
La decisión alcanza a una firma relacionada con Adolfo Ángel Ale, uno de los principales integrantes de la organización criminal que fue investigada y condenada por la Justicia Federal por delitos vinculados al lavado de activos y la asociación ilícita.
Según informaron fuentes de la UIF, la medida responde a los antecedentes judiciales de la sociedad, de sus autoridades y de las personas que ejercieron su control.
La resolución constituye un nuevo capítulo en una causa que marcó la historia judicial de Tucumán y que dejó al descubierto la utilización de actividades comerciales formalmente legales para canalizar fondos provenientes de actividades delictivas.
Una empresa que operaba desde la época de Alperovich
Point Limits SRL no era una firma nueva dentro del negocio de los juegos de azar en Tucumán.
La sociedad figuraba registrada ante la UIF desde el 15 de septiembre de 2011, durante la gobernación de José Alperovich, y ya desarrollaba actividades comerciales cuando comenzó la investigación federal contra el clan Ale.
En 2013, el avance de la causa judicial colocó a la empresa en el centro de las investigaciones patrimoniales sobre la organización. Durante los allanamientos realizados ese año, los investigadores secuestraron dinero en efectivo en locales vinculados con la firma. Posteriormente, la Justicia dispuso medidas de intervención sobre la sociedad y la clausura de sus casas de juego.
En 2014, el Ministerio Público Fiscal identificó públicamente a Point Limits como una de las empresas relacionadas con el clan Ale y sostuvo que su actividad podía haber sido utilizada como una pantalla para el lavado de dinero.
El clan Ale y una estructura para dar apariencia legal al dinero
La investigación judicial permitió reconstruir el funcionamiento de una organización encabezada por los hermanos Adolfo Ángel y Rubén Ale. La sentencia contra sus principales integrantes tuvo por acreditada la existencia de una asociación ilícita vinculada con actividades como la usura, la extorsión, la explotación económica de la prostitución y el comercio de estupefacientes.
De acuerdo con lo establecido judicialmente, la organización utilizaba actividades comerciales formalmente legales para mezclar fondos provenientes de distintos delitos y darles apariencia de licitud.
Dentro de ese entramado, Point Limits fue considerada uno de los vehículos societarios empleados para canalizar recursos económicos.
Adolfo Ángel Ale recibió una condena de diez años de prisión por lavado de activos y por su participación como jefe de una asociación ilícita.
La empresa intentó regularizar su situación durante 2025 y 2026
A pesar de sus antecedentes judiciales, Point Limits buscó recuperar las condiciones administrativas necesarias para continuar desarrollando su actividad. La registración de la firma ante la UIF había quedado bloqueada y, durante 2025 y 2026, sus representantes realizaron distintas presentaciones para regularizar la situación y obtener nuevamente la constancia correspondiente como sujeto obligado.
Sin embargo, el organismo nacional resolvió rechazar la solicitud después de revisar los antecedentes de la sociedad, sus autoridades y sus beneficiarios. La UIF consideró que las personas que habían controlado la empresa no reunían las condiciones de idoneidad necesarias para desempeñar las responsabilidades que la legislación establece para los operadores de juegos de azar en materia de prevención del lavado de activos.
La decisión no constituye una nueva condena penal contra la firma, sino una medida administrativa que le impide obtener la registración requerida para operar regularmente en el sector.
El negocio del juego y los controles contra el lavado de dinero
El caso vuelve a poner en discusión la importancia de los mecanismos de control sobre las empresas dedicadas a la explotación de juegos de azar. Por las características de su actividad y el movimiento de dinero que pueden manejar, estos establecimientos se encuentran sujetos a obligaciones específicas de identificación de clientes, registro de operaciones y prevención del lavado de activos.
La registración ante la UIF forma parte de ese sistema de control. En el caso de Point Limits, el organismo nacional concluyó que sus antecedentes resultaban incompatibles con las responsabilidades exigidas a un operador del sector.
La resolución impide que la empresa obtenga la constancia necesaria para continuar regularmente con esa actividad, aunque no equivale por sí misma a la disolución de la sociedad ni establece nuevas responsabilidades penales para sus actuales integrantes.
Una decisión que vuelve a poner la mirada sobre el pasado de Tucumán
La historia de Point Limits se remonta a una etapa en la que el clan Ale mantenía una importante presencia económica y social en la provincia. La empresa ya operaba durante la gestión del exgobernador José Alperovich y continuó siendo objeto de actuaciones administrativas y judiciales después de que comenzara la investigación federal contra la organización.
La coincidencia temporal entre el funcionamiento de la firma y aquella gestión provincial no implica, por sí sola, que el exmandatario haya participado en sus actividades ilícitas. Lo que sí quedó establecido en la causa judicial fue la utilización de estructuras comerciales para canalizar fondos de origen delictivo y la vinculación de Point Limits con ese entramado.
Más de una década después del inicio de la investigación contra el clan Ale, la decisión de la UIF vuelve a colocar bajo la mirada pública a una empresa que formó parte de uno de los expedientes judiciales más resonantes de Tucumán.
La medida también deja planteada una cuestión de interés público: cómo funcionaron los controles sobre las actividades comerciales investigadas y qué mecanismos existen actualmente para impedir que estructuras utilizadas para el lavado de dinero recuperen su capacidad de operar en sectores regulados.