La Justicia ordenó al abogado Juan Andrés Robles abstenerse de mencionar o relacionar públicamente a la letrada Solana Casella con el expediente que investiga a su pareja, el abogado Luis Ontiveros. La medida alcanza a sus declaraciones en medios de comunicación y publicaciones en redes sociales
Una resolución judicial abrió un nuevo capítulo alrededor de una investigación por presunto tráfico de influencias en Tucumán. La Justicia ordenó al abogado Juan Andrés Robles abstenerse de vincular públicamente a la funcionaria judicial Solana Casella con la causa penal que tiene como imputado a su pareja, el abogado Luis Ontiveros.
La decisión establece un límite concreto a las manifestaciones públicas de Robles: no podrá relacionar a Casella con la investigación a través de medios de comunicación ni redes sociales.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la relación entre abogados, funcionarios judiciales y una investigación penal que generó repercusiones dentro del ámbito de la Justicia tucumana.
Una causa que tiene como protagonista a un abogado
La investigación principal tiene como imputado a Luis Ontiveros, abogado que fue procesado por la Justicia Federal por presunto tráfico de influencias.
Según información publicada sobre el expediente, la investigación se originó a partir de una denuncia en la que se habría señalado que el abogado habría solicitado dinero para intervenir ante funcionarios judiciales y favorecer la situación procesal de una persona involucrada en una causa federal.
En junio de 2026, el Juzgado Federal N°2 de Tucumán había dispuesto su procesamiento sin prisión preventiva por dos hechos de presunto tráfico de influencias, además de otro delito vinculado con la presunta eliminación de elementos de prueba.
La acusación sostiene que Ontiveros habría invocado sus vínculos dentro del ámbito judicial para darle credibilidad a sus ofrecimientos.
El nombre de su pareja quedó en el centro de la discusión
En medio de esa investigación apareció el nombre de Solana Casella, pareja de Ontiveros y funcionaria judicial.
Precisamente, la resolución que ahora tomó la Justicia busca impedir que Casella sea públicamente relacionada con la investigación penal que tiene como imputado a su pareja.
El planteo judicial no implica, por sí mismo, una declaración sobre la responsabilidad penal de ninguna de las personas mencionadas. La causa contra Ontiveros continúa su trámite y las responsabilidades deberán determinarse dentro del proceso correspondiente.
Una medida que alcanza a medios y redes sociales
La resolución contra Robles tiene un aspecto particularmente relevante: no se limita al expediente judicial, sino que alcanza expresamente la posibilidad de realizar determinadas vinculaciones públicas.
Según la resolución judicial, Robles deberá abstenerse de relacionar a Casella con la causa tanto en medios de comunicación como en redes sociales.
La medida busca preservar la situación de la funcionaria mientras continúa la investigación sobre su pareja.
El trasfondo: una causa que golpea al ámbito judicial
El expediente tiene especial repercusión porque involucra a profesionales del Derecho y menciones a relaciones dentro del Poder Judicial.
La investigación federal sostiene que Ontiveros habría utilizado supuestos contactos con funcionarios judiciales para ofrecer una intervención sobre expedientes en trámite. Entre las pruebas incorporadas al expediente se mencionaron registros de comunicaciones, información vinculada a organismos judiciales y elementos obtenidos durante procedimientos de investigación.
En ese contexto, la decisión de impedir que Robles vincule públicamente a Casella agrega una nueva dimensión al caso: además de la investigación penal por presunto tráfico de influencias, ahora existe una controversia judicial sobre hasta dónde pueden llegar las acusaciones y señalamientos públicos alrededor del expediente.
Por el momento, la Justicia deberá continuar determinando qué ocurrió, cuál fue el alcance real de las conductas investigadas y qué responsabilidad corresponde a cada una de las personas involucradas.
La causa sigue abierta y cualquier eventual responsabilidad penal deberá surgir de las pruebas y de las decisiones que adopten los tribunales.