Desde el Poder Ejecutivo provincial salieron al cruce de los planteos de sectores políticos —entre ellos La Libertad Avanza— que anticiparon la judicialización de una eventual postulación del gobernador en 2027. Defienden que la Constitución habilita su candidatura
El escenario político tucumano comenzó a subir de temperatura de cara a los próximos turnos electorales. Luego de que espacios opositores, entre los que se destaca La Libertad Avanza (LLA) bajo la referencia de Lisandro Catalán, adelantaran su intención de recurrir a la Justicia para cuestionar una posible postulación de Osvaldo Jaldo a la reelección en 2027, el Poder Ejecutivo salió con una dura respuesta oficial.
A través del Ministerio de Gobierno y Justicia, el Gabinete provincial rechazó los planteos judiciales preventivos formulados por la oposición y acusó a los dirigentes de buscar un atajo legal ante la falta de competitividad electoral.
La postura del oficialismo: “Chicana jurídica” y habilitación constitucional
Desde la Casa de Gobierno argumentaron que la invocación de una presunta inconstitucionalidad carece de sustento jurídico válido y responde a una estrategia puramente política.
Alineación con la Carta Magna: El Ejecutivo sostuvo que la interpretación del Artículo 90 de la Constitución de la Provincia respalda plenamente la posibilidad de que Jaldo encabece la fórmula nuevamente.
Respuesta a la oposición: Ante las advertencias de judicialización por parte de los apoderados libertarios y otros espacios opositores, los voceros provinciales tajantemente enfatizaron que “quieren excluir en los tribunales a quien no pueden vencer en las urnas”.
El eje de la controversia: El Artículo 90 y el debate republicano
El conflicto se centra en la interpretación de los períodos de mandato y las limitaciones de reelección establecidas en el texto constitucional tucumano:
El planteo de la oposición: Desde La Libertad Avanza argumentan que una nueva postulación de Jaldo vulneraría los principios republicanos de alternancia y exigen analizar el alcance del Artículo 90 bajo los precedentes jurisprudenciales fijados en los últimos años tanto en la provincia como en la Corte Suprema de la Nación.
El contragolpe del PJ: En el oficialismo sostienen que el gobernador está transitando su primer mandato consecutivo al frente del Ejecutivo tras asumir en 2023, por lo que la norma lo habilita a aspirar a un segundo período sin condicionamientos legales.
“Convencidos de la vigencia y claridad de la norma constitucional tucumana, el actual Gobernador no va a distraer sus esfuerzos en contestar estas amenazas porque está claro que cuando lo que se avizora no lograr en las urnas, se pretende lograr en los tribunales. Pero con gestión y la constitución bajo el brazo, en mayo próximo el resultado lo van a dar las urnas”, concluyó el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado.