Los acusados cumplían funciones vinculadas a la conducción de camiones que realizaban la recolección de residuos en esa localidad
- Investigación penal: La Unidad Fiscal de Delitos Complejos formalizó la acusación contra choferes y recolectores de residuos de la Municipalidad de Alderetes.
- Modalidad operativa: Modificaban las rutas del servicio de recolección para extraer el gasoil de los tanques de los camiones y cargarlo en bidones.
- Estatus procesal: Seis de los implicados ya fueron desvinculados del municipio y afrontarán la investigación en libertad con medidas de conducta.
Una causa por corrupción e irregularidades operativas sacude al Municipio de Alderetes, en el Gran San Miguel de Tucumán. Siete empleados dedicados a la recolección de residuos fueron imputados formalmente en los Tribunales Penales tras ser acusados de montar una estructura para el robo sistemático de combustible de la flota pública municipal.
La investigación, conducida por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos II a cargo de la Fiscal Mariana Rivadeneira (con intervención en audiencias del Auxiliar Fiscal Federico Lizárraga), se centra en maniobras delictivas detectadas en el servicio diario de higiene urbana.
Cómo funcionaba el circuito del desvío
Según la hipótesis formulada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), los imputados actuaban de manera coordinada utilizando los propios vehículos municipales asignados a las tareas de limpieza. El modus operandi consistía en:
- Alteración de recorridos: Durante el turno de trabajo, los choferes desviaban la ruta convenida de los camiones recolectores.
- Extracción del combustible: Trasladaban las unidades a puntos específicos fuera de la traza para ordeñar el gasoil de los tanques y volcarlo en bidones y recipientes plásticos.
- Destino final: El material sustraído era acopiado para uso particular o su presunta comercialización en el mercado informal.
Desde el Ministerio Público Fiscal subrayaron que el daño ocasionado fue doble: por un lado, se generó un perjuicio económico directo al erario municipal; por el otro, se resintió el servicio público al provocar marcadas demoras e interrupciones en la recolección de residuos en los barrios de la ciudad.
Calificación legal y situación de los acusados
La Justicia encuadró las conductas bajo el delito de peculado, una figura penal que prevé:
- Penas de 2 a 10 años de prisión.
- Inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos en la administración pública.
- Multas económicas adicionales.
En cuanto a la situación laboral y judicial de los imputados: Seis de los acusados ya fueron apartados de la planta de empleados de Alderetes, mientras que uno continúa desempeñando funciones dentro de la administración local.
La magistrada interviniente homologó el pedido de la Fiscalía para que los sospechosos afronten la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en libertad sujeto a pautas estrictas de conducta durante un plazo inicial de seis meses.
Avanzan las pericias
Actualmente, los investigadores avanzan con los peritajes de teléfonos celulares e inspecciones técnicas. El objetivo central del MPF es determinar si existieron más cómplices, quiénes eran los compradores del combustible robado y si la maniobra contó con cobertura logística o institucional de mayor jerarquía.
Créditos: Gustavo Rodríguez