Hay balaceras, armas de guerra y máxima tensión. ¿A la Policía se les fue de las manos? Un barrio de la capital tucumana indefenso
El Barrio Oeste II, de San Miguel de Tucumán, volvió a quedar en el centro de una disputa territorial entre dos grupos enfrentados por el control del narcomenudeo. Durante las últimas semanas se habrían registrado ataques a tiros, amenazas y exhibiciones de armas de guerra en las redes sociales.
Dos fiscales investigan los episodios para determinar quiénes participaron de las balaceras y si están relacionados con el enfrentamiento entre los grupos vinculados a Javier “Chuky” Casanova y Santiago “Cara i Gota” Villafañe.
Los investigadores sospechan que el posible regreso de Casanova al barrio pudo haber reavivado una disputa territorial que lleva varios años. El acusado obtuvo el arresto domiciliario en una causa federal por tenencia de estupefacientes y debía cumplir la medida en una vivienda de Oeste II, bajo monitoreo electrónico.
La resolución estableció la prohibición de abandonar Tucumán o salir del país, la utilización de una pulsera electrónica y una restricción de acercamiento a los testigos de la causa. La posibilidad de que regresara al barrio provocó preocupación entre los vecinos y obligó a las autoridades policiales a evaluar medidas especiales de prevención.
Fuentes policiales y judiciales venían advirtiendo sobre un recrudecimiento de los hechos violentos. En distintos horarios se escucharon disparos y se denunciaron ataques contra viviendas presuntamente relacionadas con integrantes de los grupos enfrentados.
Los investigadores analizan las vainas y los demás elementos recogidos en las escenas para establecer si las mismas armas fueron utilizadas en más de un ataque. También buscan determinar si existieron órdenes impartidas por personas que no estuvieron físicamente en los lugares de los tiroteos.
La investigación alcanzó además a una serie de fotografías y grabaciones difundidas en las redes sociales. En ese contenido aparecen jóvenes exhibiendo armas de grueso calibre, algunas de ellas consideradas armas de guerra.
Para los pesquisas, esas publicaciones podrían formar parte de una estrategia de intimidación dirigida al grupo contrario. La Justicia intenta identificar a las personas que aparecen en las imágenes, determinar dónde se hicieron las grabaciones y establecer si las armas son auténticas.
La hipótesis es que las redes sociales pasaron a funcionar como una extensión del enfrentamiento territorial. Las amenazas, provocaciones y fotografías con armamento no serían publicaciones aisladas, sino mensajes destinados a demostrar poder de fuego y capacidad para controlar determinados sectores del barrio.
El conflicto entre los grupos relacionados con Casanova y Villafañe no es nuevo. Ambos habrían mantenido una relación cercana en el pasado, pero posteriormente quedaron enfrentados. Desde entonces, sus nombres aparecieron vinculados en diferentes investigaciones y hechos violentos ocurridos en Oeste II.
La pelea se habría profundizado por el control de puntos de venta de drogas y por las alianzas que cada sector mantiene dentro y fuera del vecindario. Las autoridades, sin embargo, deben determinar judicialmente la responsabilidad individual de cada sospechoso.
Casanova había sido detenido después de un enfrentamiento armado ocurrido durante una fiesta electrónica clandestina en Tafí Viejo. Durante el allanamiento realizado posteriormente en su vivienda, los investigadores secuestraron 34 gramos de cocaína, una pistola, una camioneta Ford Raptor, una motocicleta KTM 450, una Yamaha 500 y un Citroën C4.
La causa cambió de jurisdicción cuando surgió una posible vinculación con el transporte de 56 kilos de marihuana secuestrados en Trancas. Entre los elementos encontrados había anotaciones con referencias a Oeste II, a Casanova y a un número telefónico.
Las pericias posteriores no habrían permitido demostrar su participación en esa operación. Por ese motivo, Casanova quedó acusado por los estupefacientes encontrados en su vivienda y llegó a un acuerdo para recibir una pena de tres años de prisión mediante un juicio abreviado.
El acuerdo contemplaba además el decomiso de vehículos y un teléfono celular, junto con una donación de $2 millones al Hospital de Niños. Su defensa pidió que pudiera cumplir el resto de la pena fuera de la cárcel.
La decisión de permitir que Casanova cumpliera el arresto domiciliario precisamente en Oeste II generó inquietud debido a los antecedentes violentos registrados en la zona. Vecinos y fuentes vinculadas con la investigación temen que su presencia altere nuevamente el equilibrio entre los grupos enfrentados.
Durante la ausencia de Casanova, el sector relacionado con Villafañe habría ganado presencia territorial. En los últimos meses también circularon versiones falsas sobre una supuesta liberación del detenido.
Los investigadores sospecharon que esos mensajes podían responder a una maniobra para generar temor, provocar una reacción del grupo rival y condicionar la posibilidad de que Casanova regresara al vecindario.
El enfrentamiento tuvo uno de sus momentos más violentos en enero de 2025, cuando Leandro “Cantina” Álvarez recibió varios disparos. En el lugar del ataque, los peritos recogieron 29 vainas servidas de pistolas calibre nueve milímetros.
Álvarez había sido señalado como una persona cercana al grupo de Villafañe. Antes de resultar herido habría participado de un ataque contra una vivienda vinculada al sector contrario. Esa secuencia fue interpretada como una nueva represalia dentro de una cadena de provocaciones y venganzas.
Otro episodio ocurrió en noviembre de 2022, cuando Daniel Omar “Fierrito” Luna fue asesinado durante un enfrentamiento a tiros en la zona de Perú al 4.200. Los investigadores determinaron que en aquella balacera se utilizaron al menos cinco armas de diferentes calibres.
Los peritos encontraron 31 vainas servidas a ambos lados de la calle. Villafañe fue posteriormente imputado por homicidio en riña agravado por el uso de armas, aunque su defensa rechazó la acusación y sostuvo que no había participado del enfrentamiento.
Los fiscales señalaron en diferentes audiencias que numerosos vecinos tienen miedo de declarar y que algunos testigos modificaron sus testimonios después de recibir supuestas amenazas. Otros pidieron ser incorporados a programas de protección.
En enero de 2024, Braian “Chiripa” Vélez, de 23 años, fue asesinado de un disparo. La víctima habría estado vinculada con Casanova, mientras que el autor del crimen fue relacionado por los investigadores con el grupo contrario.
La hipótesis indicaba que Vélez habría aceptado atacar la casa de otro hombre para saldar una deuda. El destinatario del ataque se enteró del plan y habría recibido un arma para concretar su venganza.
Los habitantes de Oeste II también denunciaron la existencia de presuntos puntos de venta de drogas. En diciembre de 2025 impulsaron una recolección de firmas para reclamar el desalojo de una vivienda en la que supuestamente funcionaba uno de esos lugares.
La mayor preocupación es quedar atrapados en medio de los tiroteos. Muchas familias evitan permanecer en las veredas durante la noche, reducen sus desplazamientos y procuran mantener a los niños dentro de las viviendas cuando escuchan motocicletas o movimientos considerados sospechosos.
El temor se alimenta por la reiteración de los ataques. Los vecinos sostienen que después de cada balacera sobreviene un período de aparente tranquilidad, pero posteriormente se produce una nueva amenaza o represalia.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, los fiscales buscan establecer si los últimos ataques fueron cometidos por las mismas personas, si respondieron a órdenes impartidas por los supuestos líderes y cuál es el origen de las armas exhibidas en internet.
La situación en Oeste II continúa siendo delicada. Las autoridades deberán impedir nuevos enfrentamientos, proteger a los vecinos e individualizar a los responsables de las balaceras.
La investigación será determinante para establecer si el regreso de “Chuky” Casanova efectivamente reactivó la disputa con el sector de “Cara i’ Gota” Villafañe o si los últimos episodios responden a una reorganización más amplia de los grupos vinculados con el narcomenudeo en Tucumán.