El mega predio sanitario de Pilar, emblema de la gestión bonaerense durante la pandemia donde se aplicaban 3.000 dosis diarias, hoy luce vandalizado, sin custodia y repleto de material médico y datos personales abandonados. El peligro del contacto con material patológico. Se calcula que hay unos $400 millones “tirados” en ese lugar
Atrás quedaron los discursos oficiales que enarbolaban el lema del “Estado presente” como bandera innegociable de la gestión pública. Un informe periodístico, de LN+, reveló las deplorables condiciones en las que se encuentra actualmente el que supo ser el vacunatorio más grande de la Argentina, ubicado a la altura del kilómetro 46 de la Panamericana, en la localidad de Pilar.
El establecimiento, por el que llegaron a pasar más de 3.000 personas por día durante el pico de la pandemia de COVID-19, se transformó hoy en una postal de la desidia gubernamental: un predio absolutamente abandonado, presa del saqueo constante y la vandalización de las instalaciones.
Residuos sanitarios y datos personales a la deriva
Las desgarradoras imágenes mostradas por el programa La Cornisa dejaron al descubierto la presencia de cajas de insumos médicos, medicamentos (ampollas e insumos pertenecientes al Ministerio de Salud de la Nación y laboratorios), jeringas, agujas, estufas, tubos de oxígeno, camillas y equipamiento esparcido por el suelo. Además de vacunas vencidas.
Más grave aún resulta el hallazgo de documentación sensible con datos personales de los vecinos. Licencias de conducir, planillas de asistencia diaria con turnos y registros de vacunación quedaron tirados en los pasillos al alcance de cualquiera que ingrese al lugar. Según constataron, pasajeros del tren Belgrano Norte que descienden en la cercana estación Cecilia Grierson entran habitualmente al edificio para llevarse lo que encuentran.
Justificaciones de la gestión y acusaciones cruzadas
Ante la difusión del escándalo, tanto la gestión provincial de Axel Kicillof como la Municipalidad de Pilar —encabezada por el intendente kirchnerista Federico Achával— intentaron deslindar responsabilidades endilgándole la situación a una decisión de la Justicia Federal.
Desde el Municipio argumentaron que perdieron la custodia y el acceso al lugar en marzo de 2025 tras un fallo judicial que ordenó restituir el inmueble a su dueño original (el empresario Mateo Corvo Dolcet). Sin embargo, los cuestionamientos de la oposición no tardaron en llegar: dirimieron la responsabilidad en la falta de previsión de las autoridades para retirar y resguardar la documentación privada de los ciudadanos y los insumos de salud pública pagados con el erario nacional antes de abandonar el lugar.
El contraste entre el despliegue del relato estatal y la cruda realidad de un edificio arrasado reabre el debate sobre la verdadera eficiencia y responsabilidad en la gestión del sector público.