El caso de un detenido por un cargamento de 470 kilos de cocaína expuso las severas fallas del sistema penitenciario tucumano: uso irrestricto de celulares, falta de controles y mafias internas que exigen miles de dólares a cambio de vida o seguridad
Por la redacción de SIN CODIGO
Extorsión, uso indiscriminado de teléfonos celulares, favores irregulares y amenazas de muerte. Lo que parece la trama de una ficción penitenciaria es la cruda realidad que volvió a quedar al descubierto en el Penal de Villa Urquiza, en la provincia de Tucumán.
El disparador de esta nueva controversia fue la denuncia presentada por los familiares de Marcos Nacif, procesado por la Justicia Federal tras haber sido interceptado el pasado 5 de junio en el sur provincial mientras transportaba una cifra récord de 470 kilogramos de cocaína.
Exigencias de miles de dólares y vehículos
Según consta en el expediente judicial, Nacif —quien cumple prisión preventiva dictada por el Juez Federal José Manuel Díaz Vélez— fue alojado en la Unidad 10 del centro de detención de Villa Urquiza. Allí comparte pabellón con los hermanos Walter, Francisco y Emanuel Caro, integrantes del conocido “Clan Caro”.
A menos de un mes de su ingreso, comenzaron las presiones. Representados por los abogados Javier Lobo Aragón y Javier Lobo Aragón (h), los hijos de Nacif denunciaron que el Clan Caro le exigió a su padre el pago de 25.000 dólares en efectivo o la entrega de una camioneta Renault Oroch a cambio de garantizarle “protección” y no atentar contra su integridad física dentro del penal.
Las amenazas llegaron tanto de forma presencial dentro del pabellón como a través de mensajes y llamadas por celulares, evidenciando una vez más el libre acceso a dispositivos móviles de los internos en el penal provincial.
La falla en la distribución de los reclusos
El caso no solo pone la lupa sobre el accionar de los grupos mafiosos dentro de la cárcel, sino también sobre la logística y los criterios de seguridad del sistema penitenciario.
Mientras que otros procesados en la causa de la megaincautación de cocaína (como Pablo Abraham Pérez, Rodrigo “Icha” Chávez, Matías Díaz y Fernando Catulo Chamas) fueron derivados al nuevo Penal de Benjamín Paz, Nacif y otro imputado terminaron asignados a la Unidad 10 de Villa Urquiza, precisamente donde conviven los condenados de mayor peligrosidad.
Un sistema bajo sospecha
Esta situación vuelve a encender los alarmas sobre el control y la connivencia penitenciaria en Tucumán. La impunidad con la que operan bandas organizadas dentro de las carceles deja al descubierto serias falencias estructurales:
- Falta de inhibidores o control del uso de telefonía celular, utilizada para coordinar extorsiones y mantener redes delictivas fuera y dentro del penal.
- Deficiencias en la segmentación y clasificación de los detenidos, ubicando a preventivos con condenados de alto riesgo.
- Mecanismos de extorsión y “peaje” consolidados como un negocio paralelo tras las rejas.
La investigación sobre la denuncia por extorsión avanza de la mano de la Justicia Federal y provincial, mientras la sociedad tucumana observa nuevamente cómo el sistema carcelario se convierte en un terreno donde las mafias continúan marcando sus propias reglas.