El entendimiento entre la Administración Central y el sector del practicaje contempla la suspensión de la aplicación del decreto de desregulación del servicio y una reducción del 20% en las tarifas
La paralización de los puertos argentinos, que mantuvo a más de 185 buques varados, comenzó a destrabarse tras el anuncio oficial de un entendimiento entre el Gobierno de Javier Milei y los representantes del sector de practicaje, y se espera que en las próximas horas el flujo de barcos comience a normalizarse en las principales zonas portuarias del país.
Según el comunicado difundido por el Gobierno, el acuerdo “contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques”.
El Gobierno precisó que “se resolvió suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje y conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad”. La coordinación de esta instancia estará a cargo del propio Ejecutivo, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes, con el objetivo de “avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación”.
De acuerdo con el texto oficial, “los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados”. La medida busca poner fin a una de las mayores interrupciones en la operatoria portuaria reciente, que afectó la circulación de buques y la cadena exportadora en los principales puertos del país.
El conflicto se había desencadenado el sábado 1° de agosto, tras la publicación del Decreto 690/2026, firmado por Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma modificó el régimen del servicio de practicaje y pilotaje vigente desde 1991: creó un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina (PNA), habilitó a los usuarios a elegir libremente prestadores y eliminó barreras de ingreso para nuevos operadores. También asignó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y obligó a publicar precios para fomentar la competencia.
Con el acuerdo anunciado este martes, la mesa de trabajo quedó formalmente constituida para revisar los alcances del Decreto 690/2026, mientras los prácticos retoman sus funciones en los puertos del país.