El gremio docente tucumano confirmó su adhesión total al paro nacional convocado por CTERA sin asistencia a los lugares de trabajo. Mientras el Gobierno Nacional anunció supervisiones e inspecciones para hacer cumplir el piso del 75% de prestación del servicio educativo establecido por la Ley 27.802, miles de alumnos de escuelas públicas se quedan sin aulas
Este lunes 3 de agosto, el reinicio de las actividades escolares tras el receso invernal vuelve a estar cruzado por un nuevo conflicto gremial. La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) confirmó que se adherirá al paro de 24 horas convocado a nivel nacional por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
Sin embargo, la medida de fuerza impulsada por el sindicato conducido por Hugo Brito se da en un contexto normativo completamente diferente: la reciente sanción de la Ley 27.802 en la nueva reforma laboral -en plena vigencia-, la cual declaró expresamente a la educación como servicio esencial.
La ley de Servicio Esencial y la advertencia de Nación
Con la promulgación de la Ley 27.802, el marco normativo argentino exige que, ante cualquier medida de protesta o huelga en el ámbito educativo, las instituciones deben garantizar como mínimo el 75% de la prestación habitual del servicio. El objetivo central de la norma es blindar el derecho de los alumnos a recibir clases y evitar que las disputas salariales corten el calendario escolar.
Ante la huelga anunciada para este lunes, el Ministerio de Capital Humano de la Nación confirmó que desplegará inspecciones aleatorias y controles muestrales a través de la Secretaría de Trabajo en establecimientos educativos de todo el país. Desde la cartera nacional advirtieron que se verificarán los niveles de asistencia y que, de constatarse el incumplimiento del piso legal, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones correspondientes a las entidades gremiales.
El desafío de ATEP: Paro total y escuelas cerradas
A pesar del marco legal vigente y las advertencias oficiales, la conducción de ATEP resolvió convocar a una medida de fuerza con modalidad sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que dejará sin clases a miles de alumnos de los niveles inicial, primario y secundario de la gestión estatal en Tucumán.
El reclamo gremial se centra en la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y mayores recursos para el financiamiento educativo. Sin embargo, al optar por un paro total sin guardias ni esquemas mínimos, el gremio provincial decidió situarse al margen de la normativa que regula la esencialidad del sistema educativo.
El cumplimiento de la ley como pilar para un país serio
El conflicto planteado en el inicio de la actividad escolar expone un dilema de fondo para el desarrollo institucional de la Argentina. Para construir un país serio, previsible y con futuro, el cumplimiento estricto de las leyes no puede ser optativo ni quedar sujeto a la voluntad de un sector corporativo.
Cuando el ámbito en discusión es la educación —el pilar indispensable para el progreso social y económico—, la interrupción sistemática del servicio no solo perjudica a los estudiantes más vulnerables, sino que degrada el principio de autoridad y el Estado de Derecho.
Los reclamos sindicales, por más legítimos que pretendan ser en el debate laboral, deben encauzarse dentro de la ley vigente. Desafiar las normas que resguardan el aula equivale a postergar, una vez más, el futuro de los alumnos.