La medida fue anunciada por UDA, CTERA y ATEP en Tucumán para el próximo lunes 3. Capital Humano recordó que la nueva ley declaró esencial a la educación
El próximo lunes 3 de agosto, las escuelas de todo el país enfrentarán un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en el marco de un nuevo conflicto entre los sindicatos docentes y el Gobierno Nacional. La protesta fue definida por el congreso de CTERA como respuesta al rechazo del Ejecutivo de convocar a la Paritaria Nacional Docente, estancando el sueldo mínimo en 500 mil pesos durante el último año y profundizando un escenario de tensión. En Tucumán el gremio ATEP adhirió a la medida.
En paralelo, los gremios educativos de la Confederación General del Trabajo (CGT) iniciarán ese mismo lunes un plan de lucha que no incluirá huelgas, sino medidas como trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa para los alumnos, y una movilización final ante el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación. Las acciones de la CGT serán detalladas oficialmente en una conferencia de prensa el lunes a las 14 en la sede de Azopardo 802.
El Gobierno exige el cumplimiento del 75% de la actividad escolar
Ante la convocatoria al paro, el Ministerio de Capital Humano, a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, recordó que se encuentra plenamente vigente la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral, que declara a la educación como servicio esencial. Según el Artículo 101 de la norma, durante medidas de acción directa como huelgas, los gremios tienen la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio.
En un comunicado oficial, la cartera encabezada por Capital Humano subrayó que la normativa asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y los porcentajes de operatividad, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando “el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles”. El texto advierte que el incumplimiento de esta obligación por parte de las entidades sindicales será sancionado “por los medios legales aplicables”.
La Ley 27.802, que forma parte de la reforma laboral aprobada por el Congreso, fue mencionada como argumento central por el Gobierno para exigir que los sindicatos garanticen la continuidad del servicio educativo, aun durante las medidas de fuerza. Esta exigencia se fundamenta en el objetivo de proteger la educación como un derecho esencial para los estudiantes.