La maestra del Colegio Padre Roque Correa fue asesinada el día que debía asumir como directora. Sus agresoras fueron condenadas a 20 años de prisión, pero mantuvieron un pacto de silencio que privó a la familia de encontrar sus restos
Por la redacción de SIN CODIGO
A 20 años de aquella mañana de invierno que cambió para siempre la historia policial de la provincia, la pregunta sigue retumbando con la misma fuerza en las calles de San Miguel de Tucumán: ¿Dónde está Betty?
El 31 de julio de 2006, Ángela Beatriz “Betty” Argañaraz, de 45 años, salió de su casa en El Manantial con la ilusión de afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera: asumir formalmente la dirección del Colegio Padre Roque Correa. Sin embargo, Betty nunca llegó a la institución. Su desaparición desencadenó una investigación que destapó una trama de celos profesionales, engaños y un macabro crimen premeditado.
Una trampa en la previa del traspaso
Aquella mañana, Betty tenía previsto reunirse antes de ingresar al colegio con Susana Acosta, secretaria y docente del establecimiento, para ultimar detalles del traspaso de mando. Acosta también había aspirado al cargo directivo, un factor laboral que la Fiscalía identificó rápidamente como el móvil del ataque.
Ante la falta de respuesta a los llamados y la ausencia inexplicable en el acto escolar, su hermana, Liliana Argañaraz, radicó de inmediato la denuncia. La desesperada búsqueda inicial mutó rápidamente en una causa por homicidio a medida que las sospechas recayeron sobre Acosta y su pareja, Nélida Fernández (quien en prisión realizó su transición de género a Marcos Fernández), ambas exnovicias religiosas.
Las pruebas que derribaron la impunidad
A pesar de las maniobras para borrar rastros, la labor pericial fue determinante. La aplicación de reactivos químicos (luminol) en el departamento que compartían las imputadas reveló una escena violenta: Manchas de sangre de la víctima distribuidas en paredes, pisos y muebles de la vivienda; rastros hemáticos pertenecientes a Argañaraz hallados en el baúl del automóvil que utilizaban las acusadas.
Con esos elementos, la Justicia tucumana estructuró una acusación sólida que derivó en el juicio oral.
Un fallo histórico sin precedentes
En 2009, la Cámara Penal de Tucumán dictó sentencia y condenó a Susana Acosta y Nélida Fernández a 20 años de prisión por el delito de homicidio simple.
El dictamen marcó un hito en la jurisprudencia argentina: fue uno de los primeros casos en la Justicia ordinaria en lograr una condena firme por homicidio sin que se hubiera encontrado el cuerpo de la víctima. El Tribunal determinó que la acumulación de pruebas científicas, testimoniales e indicios concordantes resultaba suficiente para certificar el asesinato.
El pacto de silencio que la condena no pudo romper
A pesar del fallo condenatorio y de los reiterados operativos de búsqueda desplegados a lo largo de los años en terrenos rurales y zonas como El Cadillal, los restos de Betty Argañaraz nunca fueron localizados.
Durante dos décadas, las condenadas mantuvieron una postura inquebrantable: jamás revelaron qué hicieron con el cuerpo ni dónde lo ocultaron. Para la familia de la docente, la resolución judicial no alcanzó para cerrar la herida. “Se cerró una etapa judicial, pero lo que nosotros necesitábamos era encontrar a Betty. Sin sus restos, la pesadilla no se termina nunca”, ha sostenido de forma incansable su hermana Liliana.
A 20 años del hecho, el legajo judicial puede estar cerrado, pero el reclamo de verdad sigue abierto en la memoria colectiva de Tucumán: un crimen comprobado, dos culpables condenadas y un cuerpo que aún espera descansar en paz.