Ocurrió en Banda del Río Salí. La Fiscalía de Delitos Complejos acusa a los agentes de la Comisaría local de haber sustraído el dinero en efectivo del domicilio y de haber fraguado el acta del procedimiento para ocultar el botín
Un grave caso de presunta corrupción policial sacude a las fuerzas de seguridad de la provincia. Cinco efectivos pertenecientes a la Comisaría de Banda del Río Salí fueron formalmente imputados por la Justicia tucumana tras ser acusados de haberse apropiado de aproximadamente $1,5 millones de pesos en efectivo durante un procedimiento judicial.
La acusación fue formulada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de Mariana Rivadeneira. Durante la audiencia correspondiente, el auxiliar fiscal Federico Lizarraga imputó a los cinco policías los delitos de peculado y falsedad ideológica de instrumento público, en concurso real y en calidad de coautores.
Un operativo ilegal en Banda del Río Salí
Según la investigación judicial, el hecho ocurrió el 28 de diciembre del año pasado alrededor de las 17:20 horas. Los efectivos irrumpieron en una vivienda ubicada entre las calles Balcarce y Jaime Freyre, en la ciudad de Banda del Río Salí (Cruz Alta), en el marco de una medida dispuesta por un Juez del Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital por una causa de robo simple.
Durante el registro del inmueble, los uniformados hallaron la suma cercana al millón y medio de pesos pertenecientes a los dueños de casa. En el ejercicio de sus funciones públicas, los policías tenían la obligación legal de confeccionar un acta con el hallazgo, secuestrar formalmente el dinero y ponerlo de inmediato a disposición de las autoridades judiciales.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los acusados actuaron de común acuerdo para sustraer la suma dineraria y se la quedaron sin reportarla. Para consumar la maniobra y ocultar el ilícito, omitieron consignar la presencia del efectivo en el acta oficial del allanamiento.
Sin prisión preventiva, pero bajo investigación
En el marco de la formulación de cargos, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que los imputados queden sujetos a medidas cautelares de menor intensidad —sin prisión preventiva— mientras se desarrolla la investigación penal preparatoria, fijada en un plazo de seis meses. La Jueza interviniente hizo lugar a las medidas solicitadas por la Fiscalía.
El caso reactiva las alertas en la provincia sobre el accionar de los uniformados durante los procedimientos en la vía pública y domiciliarios, abriendo una nueva investigación interna sobre el desempeño operativo en la Unidad Regional Este.