Ambos dirigentes del fútbol argentino quedaron más cerca de ser enviados a Juicio Oral en la causa por la retención indebida de aportes calculada en $19.000 millones. Siguen embargados y con prohibición de salida del país, aunque Tapia se encuentra en EEUU (con permiso)
La Justicia dejó firme este viernes el procesamiento del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa por retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos. La decisión fue de la Cámara en lo Penal Económico, que en su caso dio por desierta y no analizó la apelación de su defensa porque no se presentó a tiempo a una audiencia.
El dirigente está embargado por 350 millones de pesos y tiene prohibida la salida del país. Está de viaje por el Mundial en Estados Unidos con permiso judicial. El Tribunal de Apelaciones confirmó, también, la acusación contra el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino. Ambos quedaron más cerca de ser enviados a Juicio Oral. La AFA como persona jurídica también quedó con procesamiento firme.
Los motivos
En relación a Toviggino se dio por probada su responsabilidad en los delitos y se confirmó el procesamiento por la omisión de depositar en el plazo legal montos retenidos por la AFA en concepto de IVA, Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social, entre 2024 y 2025, por un monto calculado en 19.000 millones de pesos.
En cuanto a Tapia quedó firme la acusación por el mismo delito, además del embargo y prohibición de salida del país que le había impuesto el Juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, cuando lo procesó el 30 de marzo. En igual situación está la AFA como persona jurídica – procesada y embargada- , ya que tiene la misma representación legal que Tapia y la apelación también se declaró desierta.
Tapia y Toviggino son investigados además por supuesto uso de facturación falsa, con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero del impuesto a las Salidas No Documentadas por los períodos fiscales 2024 y 2025 por un total de $289.336.519,66. Se trata de una ampliación de denuncia que presentó ARCA y fue impulsada por la fiscalía.
Se mencionó proveedores inexistentes o no localizados, falta de estructura operativa, ausencia de empleados y bienes, inconsistencias bancarias, domicilios falsos y sociedades vinculadas entre sí. También “circuitos comerciales cerrados”, cheques con múltiples endosos y empresas que facturaban actividades ajenas a su objeto social.
