La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán continúa generando repercusiones más allá del ámbito judicial y ahora alcanzó a la Legislatura provincial. En los últimos días trascendió que uno de los acusados en la causa mantendría una relación con una empleada del cuerpo legislativo, situación que derivó en su desvinculación laboral.
Según versiones que circulan en el ámbito político, el vicegobernador Miguel Acevedo habría consultado a una legisladora de la oposición sobre la veracidad de la información que comenzó a comentarse en los pasillos del edificio de Muñecas al 900. Tras recibir una respuesta afirmativa, habría solicitado poner fin al vínculo laboral de la trabajadora.
Fuentes legislativas señalaron además que Acevedo advirtió a distintos parlamentarios que no permitiría que el Poder Legislativo quedara asociado o salpicado por una investigación de semejante magnitud.
No obstante, es importante remarcar que la mujer no figura mencionada en el expediente judicial ni fue imputada o vinculada formalmente a la causa que investiga una presunta organización dedicada al tráfico de drogas.
La situación representa el segundo nexo con el ámbito político que emerge alrededor de la investigación. El primero surgió tras confirmarse que Rodrigo “Icha” Chávez, uno de los detenidos en el operativo, había sido candidato a concejal por el Movimiento de Unidad Popular (MUP).
Mientras avanza la pesquisa y se conocen nuevos detalles del expediente, la causa continúa abriendo interrogantes sobre los vínculos y conexiones que rodeaban a los acusados en uno de los mayores golpes al narcotráfico registrados en la historia reciente de Tucumán.
Fuente: La Gaceta
