El Fiscal impulsó más pruebas tras considerar insuficiente la información aportada por ARCA. También pidió levantar secretos fiscales, bancarios y bursátiles de empresarios, sociedades y personas vinculadas a la causa
La investigación sobre presuntas maniobras irregulares vinculadas al sistema de importaciones SIRA y a distintas casas y agencias de cambio sumó nuevas medidas de prueba. El Fiscal a cargo del caso, Franco Picardi, dispuso una serie de citaciones a testigos y solicitó el levantamiento de distintos secretos sobre empresarios, operadores y sociedades que aparecen mencionados en el expediente.
Entre las medidas más relevantes, se ordenó citar a declarar como testigos a dos subdirectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La decisión se adoptó luego de que el organismo remitiera respuestas consideradas insuficientes respecto del funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Los funcionarios deberán explicar la operatoria concreta del sistema y el rol que desempeñaban los distintos agentes que intervenían en la aprobación de los trámites.
Además, fueron convocados a prestar declaración los despachantes de aduana identificados en las operaciones SIRA bajo investigación, con el objetivo de reconstruir el circuito administrativo y determinar eventuales irregularidades.
La Fiscalía también citó como testigo a una persona autorizada a conducir el vehículo de Elías Piccirillo y que, según consta en la causa, registró numerosos ingresos a su domicilio. En paralelo, se convocó a otra persona que habría trasladado dinero por instrucciones de Martín Migueles, una de las figuras centrales del expediente.
Otra de las medidas alcanza a una empleada de Arg Exchange S.A., quien deberá declarar sobre el envío periódico de reportes a Migueles con información sobre las operaciones diarias realizadas por distintas agencias de cambio.
Por otra parte, el Fiscal solicitó al Juez el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil, impositivo y los previstos en la Ley 25.246 respecto de Juan Ignacio Napoli, José María Napoli, Anahí Marisol Aquino Laprida y Juan Ignacio Agra. El pedido se fundamenta en los vínculos que estas personas tendrían con entidades involucradas en las maniobras investigadas.
La misma medida fue requerida para Patricio Guido Marre y Héctor Ezequiel Caputto, ambos señalados en el expediente como presuntos partícipes de una supuesta aceleración irregular de trámites SIRA a cambio del cobro de comisiones.
Asimismo, se pidió levantar los secretos correspondientes sobre Lifetba S.R.L., una sociedad mencionada en conversaciones atribuidas a Migueles en relación con la creación de una presunta “cuenta espejo”.
Finalmente, la fiscalía amplió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El organismo deberá realizar un análisis integral de los sumarios financieros y cambiarios instruidos por el Banco Central vinculados con las casas y agencias de cambio investigadas, reconstruir posibles operatorias de lavado de dinero, elaborar perfiles patrimoniales y transaccionales de los involucrados a partir de información de agentes bursátiles y entidades financieras, e identificar beneficiarios finales y eventuales inconsistencias patrimoniales.
Con información de Bruno Yacono
