El fiscal Guillermo Marijuan solicitó la declaración indagatoria de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.
La medida forma parte de una investigación que busca reconstruir la evolución patrimonial del actual legislador bonaerense desde su ingreso a la función pública nacional, con el objetivo de detectar posibles inconsistencias entre sus ingresos declarados y los bienes registrados.
En ese contexto, la fiscalía ya había requerido días atrás la última declaración jurada presentada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA). Según esa documentación, el funcionario realizó nuevas rectificaciones, entre ellas una modificación en la valuación de su vivienda en City Bell: informó que el 50% del inmueble asciende a $52,6 millones, en lugar de los $67,5 millones consignados previamente.
Además, incorporó cinco cajas de ahorro con un total de $2 millones y ratificó el ingreso de una herencia por $21 millones, dato que ya había sido agregado en una corrección anterior.
La causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió posibles irregularidades en la evolución patrimonial del funcionario tras su llegada a la administración pública, coincidente con el inicio del gobierno de Javier Milei.
En las últimas semanas, el juez federal Sebastián Casanello ordenó nuevas medidas de prueba a pedido de la fiscalía. Entre ellas, se realizó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para recolectar documentación sobre los cargos ocupados por Adorni desde 2023, sus designaciones y los ingresos percibidos.
La Justicia también dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador, lo que permitió acceder a información sobre sus movimientos financieros, cuentas, depósitos y otros activos. En paralelo, se solicitaron informes a más de 30 organismos, entre ellos ARCA, AGIP y ARBA, para obtener datos sobre su situación tributaria, bienes registrables y operaciones económicas.
Asimismo, el Banco Central y la Dirección Nacional de Migraciones fueron requeridos para aportar información sobre cuentas bancarias, transferencias, tarjetas, plazos fijos, cajas de seguridad y viajes al exterior.
La investigación pone el foco en el período iniciado en diciembre de 2023, cuando Francisco Adorni comenzó a desempeñarse en el Poder Ejecutivo nacional. Según el dictamen fiscal, el objetivo es determinar si existió un incremento patrimonial no justificado durante esos años.
De acuerdo con las últimas declaraciones juradas, el funcionario declaró un patrimonio de $102,7 millones al cierre del período analizado, frente a los $62,3 millones informados al inicio. También se registraron cambios en su nivel de endeudamiento y en los bienes declarados, incluyendo la incorporación parcial de un vehículo y la continuidad de la titularidad compartida de una vivienda.
El expediente que involucra a Francisco Adorni se tramita de manera independiente de la causa que también investiga a su hermano, Manuel Adorni, en un contexto donde la Justicia analiza la evolución patrimonial de integrantes de su entorno familiar.
