De esta manera, la provincia se ubicará en el Top 10 de los transportes más caros del país y, sin embargo, en terapia intensiva
Por SIN CODIGO
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se encamina a aprobar un aumento del 36%, llevando el pasaje a $1.700. Otra vez, el bolsillo del usuario rescata un sistema que no funciona y una dirigencia política que no ofrece soluciones de raíz.
Para los usuarios del transporte público en Tucumán, la sensación de déjà vu es constante y agotadora. La Comisión de Transporte del Concejo Deliberante de la Capital ya prepara el dictamen para lo que será el enésimo aumento del boleto de colectivos: el pasaje pasará de los actuales $1.250 a $1.700, representando un fuerte incremento del 36%.
Con este nuevo salto, San Miguel de Tucumán se mete de lleno en el lote de las ciudades con el transporte más caro de la Argentina, ubicándose en el décimo puesto del ranking nacional según los datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet). Aunque la lista la lidera Bariloche (con más de $2.000) y ciudades como Córdoba o Rosario rondan los $1.720, la realidad tucumana tiene un agravante: el desfasaje total entre lo que se paga y lo que se recibe a cambio.
El pozo sin fondo de los empresarios
Desde el sector empresarial, nucleado en AETAT, el argumento se repite como un disco rayado. Sostienen que los costos operativos de las unidades exceden largamente la recaudación y los subsidios estatales, especialmente tras la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior por parte del Gobierno Nacional. Para la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), el sector atraviesa “una de las crisis más profundas de su historia”.
Sin embargo, para el ciudadano de a pie, la paciencia se agotó hace tiempo. Para los empresarios, siempre es poco el valor, siempre quedan en desventaja y nunca hay una contraprestación que justifique el esfuerzo económico. Las unidades rotas, las frecuencias indescifrables, las esperas eternas bajo el sol o la lluvia y los paros sorpresivos demuestran que el transporte público tucumano está en terapia intensiva. Ningún aumento de tarifa ha funcionado jamás como una medicina; apenas actúa como un respirador artificial que estira la agonía unos meses más hasta el próximo conflicto/aumento.
La pregunta del millón: ¿Por qué no se soluciona de raíz?
El verdadero debate no debería ser si el boleto tiene que costar $1.250 o $1.700. La pregunta que se hacen miles de tucumanos cada mañana en la parada es por qué las autoridades de la provincia y del municipio no solucionan de raíz el problema del transporte
¿Por qué se sigue apostando a un modelo de concesiones monopólicas que claramente fracasó? El transporte es un servicio público esencial, un derecho que garantiza el acceso al trabajo, a la educación y a la salud. Tratarlo meramente como un negocio privado que requiere asistencia estatal permanente es el núcleo del error.
Falta decisión política para barajar y dar de nuevo. Falta audacia para auditar seriamente los costos de las empresas, exigir el cumplimiento estricto de las frecuencias y, si es necesario, caducar las licencias de quienes no presten un servicio digno para abrir el juego a nuevos actores o replantear el sistema de manera metropolitana.
Mientras tanto, la soga se sigue cortando por el lado más delgado. El jueves que viene, cuando los concejales levanten la mano en el recinto, volverán a aplicar la receta de siempre: ajustar el bolsillo del laburante para financiar un sistema obsoleto, ineficiente y espantoso. Una solución de compromiso que no conforma a nadie, no arregla nada y solo asegura que, dentro de muy poco, volveremos a hablar de lo mismo.
