El Poder Ejecutivo de Tucumán avanzó en materia de transparencia institucional al reglamentar la implementación del Régimen de Ficha Limpia, establecido por la Ley 9.977. La medida se formalizó mediante el decreto 1303/7, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad.
La reglamentación define los mecanismos de control para verificar la situación judicial de todas las personas que aspiren a ocupar cargos públicos, tanto electivos como designaciones dentro de la administración estatal.
El objetivo central es hacer efectiva la ley promulgada en mayo, que prohíbe el acceso y la permanencia en la función pública a quienes tengan condenas firmes por delitos graves.
En ese marco, el artículo 5 establece la creación del Registro Público Provincial de Ficha Limpia, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia. Este organismo será el encargado de centralizar la información sobre antecedentes judiciales, que será suministrada por el Poder Judicial de Tucumán y organismos nacionales, con intervención de la Fiscalía de Estado.
Declaración jurada obligatoria
Uno de los puntos clave de la reglamentación es la exigencia de una declaración jurada. Todos los aspirantes deberán presentar un documento en el que certifiquen no contar con condenas por delitos inhabilitantes. La falsificación de esta información será considerada una falta grave y podrá ser sancionada conforme a la ley.
Para unificar el procedimiento, el Ejecutivo aprobó un modelo oficial de declaración. Además, se establecieron distintos mecanismos de control según el tipo de cargo:
- Candidaturas electorales: la verificación estará a cargo de la Junta Electoral Provincial. Quienes resulten electos deberán presentar una nueva declaración antes de asumir.
- Cargos de designación: el control recaerá en las autoridades responsables de los nombramientos. La asunción quedará sujeta a la presentación de la declaración, que deberá remitirse al Registro dentro de las 72 horas hábiles.
Convenios y plazos de implementación
El decreto también instruye al Ministerio de Gobierno y Justicia a firmar convenios de colaboración con organismos provinciales y nacionales en un plazo máximo de 120 días. El objetivo es garantizar el acceso ágil y la actualización permanente de los antecedentes penales.
Asimismo, se trabajará de manera conjunta con la Junta Electoral Provincial para que el sistema esté plenamente operativo antes del inicio de los plazos legales de presentación de candidaturas en los próximos comicios.
Con esta reglamentación, Tucumán busca fortalecer los estándares de transparencia y control en el acceso a la función pública.
